El ex director territorial del
IMSERSO en Ceuta, Fernando Jimeno, ha publicado un estudio titulado ‘El
Ingreso Mínimo Vital (IMV) en hogares unipersonales’ en el que constata “cómo los requisitos de
residencia son más rigurosos que los previstos para unidades de convivencia tradicionales, apreciándose dificultades en la acreditación de requisitos (empadronamiento y residencia) en las personas sin hogar o el maltrato de género oculto”.
Según sus conclusiones, “tras la puesta en marcha del sistema de dependencia, el ingreso mínimo vital ha sido la principal novedad en la política social española a comienzos del XXI, un instrumento que acerca nuestro sistema protector no contributivo al entorno comunitario”.
Jimeno ha apreciado “una regulación más exigente en la condición del beneficiario que reside en vivienda unipersonal, toda vez que se requieren periodos superiores de residencia y vida independiente (tres años para los menores de 30 años y uno para los mayores de esa edad)”.
En relación con la situación de vulnerabilidad económica no ha detectado “incidencia especial, salvo la lógica aplicación diferenciada de la escala económica en función del número de convivientes”.
A su juicio hay dos colectivos cuya situación puede plantear “problemas” en la gestión del IMV, las personas sin hogar y las víctimas de violencia de género. En el primer caso se trata de “unas 23.000 personas” las que forman parte de un “grupo especialmente necesitado del nuevo instrumento”. En el segundo le parece que “resulta preocupante el maltrato oculto”.