La evaluación del alumnado que termina etapa, gran duda pendiente para final de curso

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ya casi contempla solo un escenario para lo que queda de curso 2019-2020: que las clases presenciales no se retomen o solo testimonialmente antes del 22 de junio, última jornada lectiva según el calendario escolar vigente. La actividad no se restablecerá, desde luego, el próximo lunes, y ni siquiera después del 26 de abril, cuando supuestamente se relajarán las medidas del Estado de Alarma, parece factible que millones de estudiantes (solo en Ceuta, 20.000) vuelvan a reunirse en las aulas.

La UGR, por ejemplo, ya ha dado por liquidas las clases presenciales de este curso y el Ministerio no baraja la posibilidad de ocupar el verano (julio) si la situación evolucionase bien para recuperar el tiempo perdido, según las fuentes consultadas por este periódico.

La principal preocupación de la Administración a estas alturas pasa por definir qué hacer con el alumnado pendiente de promocionar de etapa o nivel, ya que para el resto se augura un aprobado general. Es decir, qué hacer o cómo evaluar a los estudiantes que están matriculados en 6º de Primaria, en 4º de Secundaria, en 2º de Bachillerato y en Ciclos Formativos de Formación Profesional, un ámbito este último para el que el Ministerio ya maneja un borrador de Orden que establezca los criterios.

El Consejo Escolar del Estado ha recomendado “que se adapten” las medidas de finalización de 4º de Secundaria y 2º de Bachillerato y la obtención de los títulos correspondientes.

El MEFP trabaja en una adaptación curricular para el próximo primer trimestre

También ha pedido al Ministerio que “disponga las medidas necesarias” para que “todo el alumnado pueda ser evaluado del tercer trimestre desde su lugar de residencia, de modo telemático o de cualquier otro modo, siempre que fuera imposible o netamente desaconsejado por las autoridades sanitarias realizar una evaluación en las aulas y que no suponga en ningún caso, una discriminación derivada de diferencias socioeconómicas de acceso al conocimiento”.

Los informes elaborados por los centros educativos sobre el discurrir de las primeras dos semanas sin clase alertaron precisamente de que la brecha digital es el gran escollo diferencial con el que se encuentra el alumnado local para el desarrollo de cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia. “No se trata de que el estudiante carezca de ordenador, sino de que no tiene ni conexión a Internet y de que en algunos centros esa falta de medios afecta a un porcentaje amplio de los matriculados”, alertan fuentes de la comunidad educativa.

Con ese déficit, el reto de la evaluación se vuelve mucho más complicado en la ciudad, donde el Ministerio ha comenzado a trabajar en una adaptación curricular para intentar “recuperar” parte del tiempo ‘perdido’ esta primavera durante el primer trimestre del próximo año académico.

Las familias rechazan avanzar materia con ‘brecha digital’

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), en la que está integrada la FAMPA de Ceuta, lamentó ayer que el Consejo Escolar del Estado haya desestimado algunas reivindicaciones del colectivo como “no avanzar materia mientras dure el cierre de las aulas”, tal y como se ha hecho hasta ahora en la ciudad, o aprovechar este período solo para “profundizar en el repaso de los aprendizajes básicos” sin evaluaciones que puedan lastrar al alumnado más perjudicado por la ‘brecha digital’.

Las familias ven imposible asegurar “educación en igualdad de condiciones”

Para el colectivo resulta “contradictorio” que el Consejo Escolar haya aprobado que “en ningún caso la no realización de las tareas en casa servirá para perjudicar al alumnado que no ha podido realizarlas de forma adecuada” y dado luz verde, sin embargo, a la evaluación de ese contenido.

“La imposibilidad de garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones, debido a los diferentes accesos a las tareas telemáticas, diferencias socioeconómicas, personales o socioculturales hacen necesario tomar medidas excepcionales que den respuesta a la dura realidad que sufren muchos menores y sus familias “, ha advertido CEAPA, que ha pedido a la ministra que no tome “decisiones que pudieran vulnerar los derechos de los estudiantes” o ahondar en una situación de desigualdad.