La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa (DDHH), Dunja Mijatovic, ha instado a España a modificar algunos artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida como la ley mordaza, para adecuarlos a los estándares europeos. Respecto a los inmigrantes interceptados en Ceuta y Melilla Mijatovic hace hincapié en que la reforma de la ley "no introduce garantías claras contra la devolución –en caliente–, incluido el derecho a solicitar asilo, ni contra las expulsiones colectivas".
El escrito hecho público este lunes, con fecha del 8 de febrero, está dirigido a los presidentes del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, respectivamente, así como al presidente de la comisión de Interior de la Cámara Baja, José Luis Ábalos.
Mijatovic muestra su preocupación por "la redacción amplia e imprecisa de la ley en su conjunto, que sigue dando un amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas del orden a la hora de interpretarla y permite su potencial aplicación desproporcionada y arbitraria".
En la práctica, constata que "se imponen sanciones por motivos poco claros, socavando el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos". E incide en la dificultad para recurrirlas.
La comisaria de DDHH recuerda que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa recomendó en 2021 "garantizar que la revisión judicial de las denuncias individuales sobre posibles abusos policiales sea accesible y efectiva".
No es la primera vez que Mijatovic se dirige a los presidentes de ambas cámaras para pedir que se enmiende esta ley. En 2018 ya la criticó y dijo que España "carece de un mecanismo de denuncia policial fuerte e independiente que afecte a todas las fuerzas del orden".
Mijatovic califica de "alarmante" el "elevado número de sanciones impuestas" desde 2015 en manifestaciones por resistencia o desobediencia a la Policía y por falta de respeto o consideración a los agentes.
Destaca que sancionar a los organizadores de manifestaciones si se altera el orden público es "contrario a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a las directrices de la OSCE y la Comisión de Venecia".
La comisaria ya ha recibido la respuesta a su escrito, con fecha 10 de febrero, en la que Batet y Gil dicen haber "dado traslado de sus alegaciones a las respectivas comisiones de Interior de las cámaras, para que sean objeto de estudio y consideración".
Los presidentes de las cámaras añaden que en el debate de la comisión "podrán ser tenidas en cuenta y valoradas convenientemente" las reflexiones de la comisaria de DDHH, del defensor del Pueblo, de la Comisión de Venecia y de los relatores especiales de la ONU.
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