Nuestra vida cotidiana discurre en un espacio geográfico en continuo cambio. El capitalismo ha hecho de las ciudades y, en general, del territorio su principal fuente de beneficios. Lo que en buena lógica habría que considerar el bien común más preciado, -nos referimos a la naturaleza-, es aprovechado por una reducida minoría para llenarse los bolsillos. Poco importa el interés general cuando lo que está en juego es, nada más y nada menos, el mantenimiento de un sistema económico y político corrupto hasta las trancas y divorciado de la ética. Los tribunales han demostrado que grandes partidos se han financiado de importantes empresas para sufragar sus campañas electorales y enriquecer a algunos de sus miembros. Como es lógico pensar este dinero no se entregaba por amor a unos ideales elevados, sino a cambios de favores políticos. Las subvenciones ilegales al partido se traducían en grandes contratos públicos o recalificaciones urbanísticas.
El chorreo permanente de noticias no deja mucho tiempo para la reflexión. Lo que hoy fue portada de todos los medios, mañana parece un vago recuerdo de un pasado muy distante. No hay mucho margen para enlazar pasado, presente y futuro. A los hechos se les mutila, a propósito, sus causas y sus consecuencias. Pongamos un par de ejemplo. Llevamos varios meses leyendo en la prensa que el tren que enlaza Algeciras con Madrid sufre continuas averías. Según han informado los medios, este tren antes cubría algunas líneas en Extremadura y fue protagonista de muchas quejas en esta Comunidad Autónoma por sus fallos. Para acallar estas críticas lo han quitado de allí y nos los han endosado aquí. Dicen que no hay dinero para sustituir estos rancios trenes, pero en otros tiempos no muy lejanos se gastaron muchos miles de millones de euros para pagar líneas de AVE a lugares inhóspitos. Y miren que casualidad, algunas de las empresas que inyectaron cientos de millones de euros a ciertos partidos corruptos son las mismas que fueron adjudicatarias de la construcción de líneas de AVE.
El segundo ejemplo que traemos a colación tiene que ver con las consecuencias de las últimas lluvias en la comunidad Valencia y Murcia. Tal y como ha declarado el alcalde del ayuntamiento de Torrevieja, uno de los municipios más afectados por la reciente DANA, sus antecesores en el cargo promovieron más de un centenar de cambios en el PGOU para situar a este municipio en el primer puesto en cuanto a nuevas construcciones. No escatimaron esfuerzo en recalificar suelo rústico en urbanizable, pero no pusieron ni un duro para dotar a esta ciudad de una red de evacuación de aguas pluviales. De este modo, cada vez que llueve con cierta intensidad en esta zona, la ciudad se inunda causando grandes pérdidas materiales.
Habrán leído estos días en los medios locales que la aprobación del PGOU de Ceuta está pendiente de un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sobre el impacto del plan de inundaciones de la Ciudad. En su momento, y con los primeros documentos de avance del PGOU ceutí, las autoridades hidrográficas ya advirtieron a la Ciudad, -tras las alegaciones que presentamos al Plan Hidrológico de Ceuta-, que su intención de construcción cientos de viviendas en las inmediaciones de los embalses del Renegado y el Infierno incumplían la normativa legal, ya que por motivos de seguridad no está permitido construir junto a las presas. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad hizo caso omiso de esta advertencia y decidieron mantener estos proyectos urbanísticos.
Lo lógico es que, dadas las limitaciones de espacio de nuestra ciudad y los impedimentos surgidos para incrementar la zona urbana o urbanizable, hubieran reconsiderado sus objetivos de construcción de nuevas viviendas. Pero no lo hicieron. El objetivo que establece el futuro PGOU es construir 6.700 nuevas viviendas, lo que supone aumentar el parque inmobiliario, nada y nada menos, que en un 24 % ¿Dónde irán todas estas nuevas viviendas? Pues, según el gobierno de la Ciudad, aprovechando “zonas hasta hoy degradadas o inutilizables por la complicada orografía”. En la práctica esto supondrá, -si se aprueba el PGOU-, la ocupación de los cauces de los principales arroyos de Ceuta como el Paneque, Benítez o Juan de Vieira que en el vigente PGOU y en el primer avance de su revisión eran considerados zonas verdes. Era, desde luego, la decisión más correcta, ya que la normativa hidrográfica impide la ocupación de los cauces naturales. No sabemos cómo van a superar este obstáculo legal, ya que la ley, que sepamos, no ha cambiado. Es más, ha sido reforzada por la Estrategia Española de lucha y adaptación al cambio climático que obliga al mantenimiento de los arroyos ante el previsible cambio en las condiciones pluviométricas que se esperan para los próximos años, en los que las lluvias torrenciales serán la tónica dominante y los peligros de inundación aún mayores. Por este motivo se recomienda mantener libres y en buenas condiciones los cauces que permiten la rápida evacuación de las aguas hacia el mar.
Este último ejemplo local permite recuperar nuestro hilo argumental con el que queremos sustentar la tesis de que las decisiones que se adoptan relativas al territorio no siempre atienden al interés general, sino, más bien, al interés de unos pocos. Para nosotros resulta evidente que en el largo proceso de tramitación de la revisión del PGOU de Ceuta la oscuridad ha primado sobre la luz. La falta de transparencia ha sido más que notoria. Un documento tan importante para el futuro de Ceuta como el PGOU requiere un gran esfuerzo de difusión entre todos los estratos de la comunidad cívica de Ceuta. Nuestra casa común no puede ser modificada a espalda de sus inquilinos del presente y del futuro. El criterio fundamental en la redacción y aprobación de un documento de esta índole tendría que ser la protección de la vida en todas sus manifestaciones, empezando por la humana. Resulta intolerable que los intereses especulativos o simplemente el mantenimiento de un sector económico como el inmobiliario se antepusieran a la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. No podemos seguir ignorando el grave problema que para el futuro de esta ciudad constituye el desequilibrio entre nuestro reducido y frágil territorio y la excesiva presión antrópica que ejerce una población en incontenible crecimiento.
Hasta ahora la política de viviendas ha seguido el criterio de intentar satisfacer la demanda sin pensar que la oferta siempre va estar limitada por la disponibilidad de suelo. Desde una visión desarrollista, que ha dominado a España durante muchas décadas, el criterio es considerar urbanizable todo el territorio, con algunas excepciones. De este modo se generó en nuestro país un tsunami urbanizador que ha dejado una imborrable huella de ladrillos y hormigón, así como una economía sustentada en unos pilares inestables y muy débiles. Ceuta no ha sido una excepción en esta deriva desarrollista, aunque su plasmación ha adoptado unas características singulares. Dado que una parte importante del territorio ceutí goza de protección ambiental o está en manos del Ministerio de Defensa buena parte de la presión urbanística se ha ejercido sobre el centro histórico. Calles enteras han sido derribadas y otras han quedado desfigurados tras el paso de la piqueta. Nada de esto hubiera ocurrido sin la complicidad de Ciudad Autónoma de Ceuta. El catálogo de edificios protegidos es exiguo y carente de coherencia. Con la revisión del PGOU no ha habido ninguna mejora, sino todo lo contrario. La confusión es aún mayor entre los distintos niveles de protección para los inmuebles de interés patrimonial.
Podemos concluir diciendo que bajo la apariencia de una supuesta defensa del interés general se esconde un complejo entramado de poder dirigido de manera exclusiva al enriquecimiento de una minoría. Todo el peso de la responsabilidad sobre el cambio global se pone en los ciudadanos cuando la principal razón de la crisis multidimensional en las que estamos inmersos se debe a un sistema económico que destruye la naturaleza y mantiene en la pobreza a amplias capas de la sociedad. Nada cambiará si no conseguimos reconciliar a la ética y la política, dando lugar a lo que Patrick Geddes la etho-política. Una vez que vayan de nuevo de la mano estaremos en condiciones de reformular nuestros ideales sociales, económicos y políticos a través de una ciudadanía activa, crítica y comprometida con la defensa de los bienes comunes.