El tribunal de la Sección VI de
la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a un año de
prisión a un implicado en una estafa en la que resultaron perjudicadas más de cien personas en toda España. La misma consistía en tomar los datos de las tarjetas de crédito de terceros, que después usaban comprando vía internet diversos efectos, principalmente material de paracaidismo e informático en una tienda con sede en Francia. La
conformidad solo se ha podido celebrar respecto de uno de los acusados, ya que el otro estuvo en busca y captura y la causa, de 2011, prescribió. La forma en la que actuaban pasaba primero por clonar las tarjetas que usaban para la compra, haciendo inicialmente un cargo pequeño a favor de una entidad sin ánimo de lucro para después comprar material. Los paquetes llegaban a un punto en el que eran recogidos utilizando pasaportes o autorizaciones falsificadas simulando que los perjudicados autorizaban a recoger ese material del que no tenían constancia que había sido adquirido a su nombre. El tercer paso era buscar un comprador para los objetos, repartiéndose el dinero cobrado entre los dos implicados. Ese dinero se enviaba mediante ingresos en una cuenta bancaria o a través de tarjetas de código. Cuando se procedió a la detención del ahora condenado, se le encontraron pasaportes falsificados a nombre de otras personas y numerosos efectos que habían sido comprados mediante este sistema. Además en los correos electrónicos se hallaron documentos con DNI de otras personas y autorizaciones para la recogida de paquetes falseadas. Hubo un sinfín de perjudicados por cargos en sus tarjetas que ellos no habían hecho porque, sin saberlo, se les había clonado sus tarjetas. El juicio por estos hechos se iba a celebrar en la Audiencia pero al haber un acuerdo previo entre las partes se ha hecho una conformidad, dictándose sentencia in voce. Así, por un delito de estafa, el acusado se ha conformado con 6 meses de prisión; por otro de falsificación de documento público ha aceptado una pena de 3 meses además de una multa de 2 meses con una cuota diaria de 2 euros. Por un tercer delito de falsificación de documento privado se añade otros 3 meses de prisión. Es decir, un total de 12 meses de cárcel que queda en suspenso. El condenado indemnizará a los perjudicados en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.