Hay verdades, medias verdades, mentiras y estadísticas. Y presupuestarias, podría añadir el tópico. El proyecto de
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 del
PSOE y
Unidas Podemos que ya ha llegado a su fase de tramitación parlamentaria en el Senado vuelve a recoger, como desde hace cinco años, el compromiso de “subvencionar” el
transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Islas Canarias y Baleares, donde ya se aplica, y con Ceuta o Melilla,
como se estipuló que se haría desde 2017. Por enésima vez, el documento alega que esta ampliación “deberá desarrollarse reglamentariamente, en la que se está actualmente trabajando”. No es un asunto baladí. El pasado viernes,
Vivas señaló entre los cinco ejes prioritarios de cualquier
plan estratégico del Estado para Ceuta la necesidad de “abaratar el precio de las comunicaciones con la península, marítimas y aéreas, en lo que hace referencia a los pasajeros no residentes y al transporte de mercancías”. Uno de los puntos por cerrar es hasta dónde financiar el acarreo de productos. En 2017 se acordó aumentar el porcentaje máximo de compensación en 30 puntos porcentuales lo que, junto con la declaración de los créditos aplicables como ampliables, permite compensar a partir de 2018 hasta el 100% de los costes en Canarias y hasta el 65% en Baleares. La finalidad de estas ayudas es “compensar los sobrecostes que experimenta el transporte como consecuencia de la lejanía de los archipiélagos y ciudades autónomas”. Así se impulsan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ODS8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS10 (Reducción de las desigualdades) y ODS11 (Ciudades y comunidades sostenibles). El plan ‘Por un futuro más estable y seguro’ aprobado por el Pleno en diciembre incluye entre sus claves “abaratar de manera sustancial y si es posible eliminar tanto el coste del transporte marítimo de mercancías con destino a la península como los gastos relacionados con la gestión de estas expediciones para favorecer el acceso del comercio local a otros mercados y formatos”, pero su plasmación sigue en un limbo político.
La garantía constitucional que se celebra
El artículo 138.1 de la Constitución Española de 1978 encomienda al Estado la garantía de la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Ese principio de la celebrada, ayer mismo en Madrid, el viernes en Ceuta para guardar el puente, Carta Magna, no se ha “desarrollado” todavía para Ceuta y Melilla, aunque desde hace casi un lustro un gobierno tras otro repite en los Presupuestos Generales del Estado la promesa de hacerlo.
Hace 14 años, 10,5 millones para pagar al completo todo el coste
El Pleno del extinto Consejo Económico y Social (CES) de Ceuta puso encima de la mesa en mayo de 2007 un dictamen sobre la subvención a las empresas del coste del transporte marítimo de mercancías para conseguir un 'coste cero' que cifró en 10,5 millones de euros su necesidad de financiación pública con los votos a favor de las dos administraciones, local y estatal. El órgano consultivo que murió bajo la presidencia de Basilio Fernández no dijo cómo se tenía que llevar adelante la iniciativa, pero sí planteó las diversas opciones posibles. Partiendo de un estudio jurídico de la legislación aplicable, el Consejo Económico ofreció distintas posibilidades, desde las ayudas regionales, al establecimiento de una 'tarifa plana', la implantación de una ayuda al transporte o incluso la declaración como ‘servicio público’ del transporte de mercancías, del mismo modo que ocurre con el de pasajeros. La creación de una naviera municipal, opción barajada por la Ciudad pero nunca concretada, fue otra de las posibilidades hacia las que miró. “Puede ser como el invento del chupa-chups, se trataba de poner un caramelo en un palo, pero al que lo hizo le ha ido muy bien”, comparó la importancia de la aplicación de las distintas soluciones planteadas el entonces presidente del Consejo.