Casi tres meses después de dejar el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana de Ceuta (PGOUCE) en manos de la Administración General del Estado, a la que compete su aprobación definitiva, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha pedido a la Consejería de Fomento del Gobierno local “una serie de documentación para, posteriormente, volver a remitir este documento al Ministerio para continuar así con su tramitación”. Según ha indicado
el Ejecutivo de Vivas en un comunicado, este requerimiento de más información, no afectará a la tramitación del expediente de manera sustancial, ya que “el departamento que dirige el consejero Alejandro Ramírez comparte con el Gobierno central el objetivo , de que el nuevo PGOUCE pueda ser aprobado de manera definitiva antes de que finalice este año”. “Se han requerido informes de distintos ámbitos que ya se encuentran en elaboración, además de correcciones de orden técnico que se van subsanando a medida que se va solicitando”, han ampliado fuentes gubernamentales. Ramírez elevó al Ministerio el 12 de mayo el documento aprobado por el Pleno el 29 de marzo con los votos a favor de PP, PSOE y MDyC. Ahí empezó a correr el plazo de 6 meses con que cuenta el Gobierno central para resolver. En caso de silencio se entendería como positivo. La aprobación definitiva del
PGOU de Ceuta por parte del Estado es un acto resolutorio sustantivo “que culmina el procedimiento” y que supone un doble control, por un lado de legitimidad (ya que se comprueba que el documento se ajusta al ordenamiento urbanístico, tanto en el aspecto jurídico formal como en el jurídico material) y por otro de oportunidad. En esta fase el Ministerio puede apreciar defectos formales en la documentación o procedimiento seguido, como ha ocurrido, con lo que devuelve el expediente para que se cumplimenten los requisitos omitidos o se subsanen los vicios procedimentales cometidos. Una vez formalmente completo podrá aprobarlo de manera “pura y simple” o exigir subsanaciones de distinto calibre en función de si detecta necesidad o no de modificaciones sustanciales. El nuevo PGOU “permitirá actualizar los instrumentos de planeamiento a las circunstancias actuales y dará seguridad jurídica a los operadores del segmento inmobiliario y empresarial para generar más inversión, más vivienda, más empleo y más calidad de vida, así como desarrollar sectores estratégicos como el puerto, el turismo, la economía digital, el desarrollo sostenible y el empleo, entre otros, permitiendo una mejora de la competitividad en todos ellos”.
Ocho años de duración y 60,2 millones de euros
El coste de su ejecución se cifra en 60,2 millones en los ocho años de duración que establece el documento. La mayor parte deberá ir destinada a la adquisición de casi 178.000 metros cuadrados de suelo (44,3 millones) y el resto a proyectos y ejecución (salvo en los equipamientos, que entran en el ámbito de las obras de edificación). Entre las más cuantiosas con independencia de su adscripción al sistema general de equipamiento o de espacios libres figuran las actuaciones previstas para expropiaciones en el Príncipe Alfonso (cerca de 15 millones) o en Benzú (más de 3 millones). El objetivo es sentar las bases de una ciudad “prestadora de servicios cualificados y de calidad, con capacidad para ofrecerse como espacio atractivo, para vivir, para visitar o para invertir, a ciudadanos y empresas de regiones urbanas próximas”. El documento también plantea medidas para “suturar” la periferia (y esta con el centro), recuperar y proteger el patrimonio y el medio ambiente e “integrar” en el territorio el valor de su medio físico y la insertación de acciones estratégicas.