La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este martes en el acto en el que el
PSOE de Ceuta ha presentado su candidatura al completo para las próximas elecciones que las bonificaciones en las cuotas empresariales a la
Seguridad Social seguirán siendo del 50%, como hasta ahora, a partir del próximo mes de septiembre y que el Consejo de Ministros aprobará este miércoles las ayudas al transporte de mercancías que el Estado lleva años prometiendo. La política sevillana ha despejado sin más detalles la incógnita de si el Gobierno de Pedro Sánchez daría o no definitivamente marcha atrás con el Real Decreto que, en enero, fijó para el 1 de septiembre la fecha en la que el marco actual de bonificaciones se cambiaría por otro con una cantidad fija mensual de 262 euros por trabajador supuestamente más fácil de gestionar y menos regresivo, pero rechazado unánimemente por las instituciones y los agentes socioeconómicos locales. La 'número 3' de la lista del
PP a las próximas elecciones,
Kissy Chandiramani, había reiterado esta misma mañana la “preocupación” del Ejecutivo local por la falta de concreción sobre el compromiso de no aplicar la modificación aprobada, que según alertó generaba inseguridad jurídica en las empresas y un horizonte de “conflictividad” si llegase a implementarse.
La bonificación del transporte marítimo o aéreo de mercancías que aprobará el Consejo de Ministros es un compromiso del Estado incumplido desde hace 6 años, primero con el PP y después con el PSOE. Se subvencionará hasta el 50% del transporte de “productos originarios o transformados en Ceuta”, las materias primas y productos intermedios necesarios para su fabricación, las mercancías en stock procedentes de importaciones de pequeños y medianos comercios sujetas al régimen de venta al por menor, las mercancías peligrosas y los residuos. El Gobierno propone un régimen distinto para cada una de esas cinco categorías, pero en cualquier caso el desembolso total para el Estado del sistema de compensaciones “no podrá dar lugar a un coste efectivo superior al importe de la consignación presupuestaria”, solo 250.000 euros este año. Cada año la Delegación del Gobierno deberá confeccionar una lista “sin carácter excluyente” de artículos que cumplan los requisitos para acogerse a esta modificación. Se podrá modificar anualmente previo informe del Ejecutivo regional en función de si aparece o no producción local y de la variación que registren las partidas arancelarias correspondientes.