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El Estado compensará parte del coste del transporte de residuos y stocks comerciales

Casi cinco años después de que PP, PSOE y Ciudadanos pactasen incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 a través de una enmienda la necesidad de bonificar el transporte de mercancías con origen o destino en Ceuta, compromiso que nunca se desarrolló por parte del Ejecutivo de Rajoy, el Gobierno de Pedro Sánchez ha activado por fin el desarrollo reglamentario para implementar “un sistema de compensaciones que permita abaratar su coste efectivo”, tanto entre la ciudad y la península como con Melilla u otros territorios miembros de la UE o firmantes del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo.
Según la propuesta de la Administración General del Estado, que entrará en vigor cuando se publique en el BOE, podrá ser subvencionado el transporte de “productos originarios o transformados en Ceuta”, las materias primas y productos intermedios necesarios para su fabricación, las mercancías en stock procedentes de importaciones de pequeños y medianos comercios sujetas al régimen de venta al por menor, las mercancías peligrosas y los residuos.

Se subvencionará hasta el 50% del transporte de productos originarios de la ciudad autónoma

El Gobierno propone un régimen distinto para cada una de esas cinco categorías, pero en cualquier caso el desembolso total para el Estado del sistema de compensaciones “no podrá dar lugar a un coste efectivo superior al importe de la consignación presupuestaria”, por lo que se supone que, como ya sucede con Canarias o Baleares, el montante disponible cada ejercicio (en este 2022 se presupuestaron 74,2 millones para ambos archipiélagos) habrá de repartirse de forma proporcional entre todos los solicitantes reconocidos como beneficiarios. De entrada, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prevé establecer una compensación de “hasta el 50%” en el coste del transporte marítimo y aéreo con destino al resto de España u otros territorios de los productos originarios de la ciudad autónoma. Idéntico porcentaje se establece para las mercancías originarias de la UE que se consideren ‘inputs’ para la producción o transformación de los anteriores. Cuando se trate de elementos transportados desde la Unión Europea la compensación estará limitada “al coste tipo calculado para el tráfico entre Ceuta y Algeciras”.
Cada año la Delegación del Gobierno deberá confeccionar una lista “sin carácter excluyente” de artículos que cumplan los requisitos para acogerse a esta modificación. Se podrá modificar anualmente previo informe del Ejecutivo regional en función de si aparece o no producción local y de la variación que registren las partidas arancelarias correspondientes.

Mercancías peligrosas

En el caso de las mercancías peligrosas con origen o destino Ceuta la compensación sobre el flete respectivo tipo se fija en hasta el 100%, mientras que el de residuos locales para ser “procesados o reciclados” en la península se fija en el 35%.
En el caso de los stocks comerciales, el Gobierno central prevé aplicar un tope de subvención de “hasta el 50%” de los costes regulados para devolver a la península aquellas mercancías provenientes de pequeñas y medianas empresas comerciales de Ceuta que, sujetas al régimen de venta a menor, hubiesen sido importadas “antes de un año natural”. La relación de los costes subvencionables incluye el flete, los de manipulación en puertos y aeropuertos de origen y destino, las tasas de esas infraestructuras, las de seguridad si se aplicasen y el recargo por incremento del coste del combustible si fuera de aplicación.
La convocatoria para el otorgamiento de las compensaciones se aprobará en el primer cuatrimestre de cada año y los interesados en acogerse a ellas deberán dirigir sus solicitudes referidas a transportes realizados durante el último año natural a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.
El plazo máximo para la resolución de las solicitudes y su notificación será de seis meses y se contará desde la finalización del establecido para la presentación de solicitudes.

Una forma de paliar las “desigualdades” que genera la extrapeninsularidad

La articulación de un sistema de compensaciones del coste del transporte de determinadas mercancías hacia o desde Ceuta está justificada, a ojos del Gobierno central, en que “su extrapeninsularidad, escaso territorio y escasez de recursos propios conforman una realidad objetiva que equipara sus desequilibrios a los de las regiones insulares, por lo que deben ser contrarrestados mediante la acción del Estado”.
Las subvenciones que se concedan serán compatibles con la normativa comunitaria de ayudas de Estado, por lo que se establecerá la obligatoriedad de que estas ayudas cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento 1407/2013 de la Comisión. Así, el importe total de las ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

"Principios de buena regulación"

El Ejecutivo de Sánchez está seguro de que la nueva norma se ajustará “a los conocidos como principios de buena regulación” u que su aprobación responderá “a principios de necesidad y eficacia, justificándose en razones de interés general como son favorecer la igualdad en las relaciones económicas en España, de tal forma que las desigualdades que se producen a causa de circunstancias geográficas como es la extrapeninsularidad se vean debidamente compensadas”.
El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste del transporte.
El Gobierno central prevé facultar a sus ministros de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda y Función Pública para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del sistema de compensaciones al coste del transporte a y desde Ceuta con especial atención a la utilización de medios electrónicos que agilicen y abaraten los trámites para las empresas y para la administración.

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