Fomento combate diversas irregularidades para garantizar la seguridad de los ciudadanos
Construir en una cuenca fluvial tiene sus riesgos. Los habitantes de una vivienda ilegal en Arcos Quebrados lo sufrieron en primera persona hace unos años, recuerda Carolina Pérez, subsecretaria de la Consejería de Fomento. El agua cayó en tromba y arrasó la parcela en la que vivían. “Hubo que rescatar a la familia, entre ellos un niño de dos años”, comenta la entonces consejera de Asuntos Sociales. Las inundaciones de este martes en algunas zonas de la ciudad ponen de manifiesto que, a lo largo de los años, se edificó de forma desmedida. La amenaza se intensifica si la construcción carece de un proyecto técnico que garantice la seguridad, ocupa una propiedad ajena o se levanta sobre el cauce natural que recorre el agua de la lluvia.
Emilio Carreira, gerente de Acemsa, explicó en ‘Ceuta Televisión’ que la ciudad “en muchos sitios se construyó sobre torrentes, arroyos y zonas donde al agua hay que dejarle su paso porque si no lo acaba buscando”. Al incumplimiento de la normativa vigente en materia urbanística, se suman casos que por su ubicación pueden protagonizar un episodio de evacuación por emergencia.
La declaración de ruina también preocupa a Fomento que próximamente sufragará la demolición de cuatro inmuebles por “motivos de seguridad”. Las direcciones de estas edificaciones aún se encuentran en el expediente que elabora la Consejería y opta por no desvelarlas porque son actuaciones que generan cierta alarma. Es una información que tampoco se publicita en el BOCCE, apuntan desde la administración autonómica, ya que los interesados son quienes lo saben: tanto los servicios de la ciudad implicados como los propietarios.
Estos cuatro inmuebles son propiedades privadas entonces, ¿qué ocurrirá con esos solares? El Gobierno autonómico desconoce su fin ya que su labor se circunscribe a la inspección, declaración de ruina y demolición, su uso posterior dependerá de los dueños. Los edificios no estarían en la misma zona, más bien dispersos por la ciudad. Lo más importante, destacan los técnicos responsables, es que los derribos transcurran de forma ordenada. En los cuatro casos, Fomento explica que pagará por adelantado la demolición y sacará a concurso este servicio en el supuesto de que su ejecución supere los 50.000 euros, una cifra para toda la contratación pública. La Ciudad cuenta en los presupuestos con una partida de 600.000 euros para actuar de forma subsidiaria en los derribos, es decir, que los infractores pagarán a las arcas autonómicas el dinero desembolsado.
Antes y después del derribo
La última demolición ejecutada por la Ciudad tuvo lugar en la mañana de este viernes. La construcción se encontraba en una vaguada y carecía de los permisos correspondientes. La vivienda se encontraba tras la guardería del Príncipe Alfonso.
