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La espiral de la frontera: ciudadanos como criminales y aduana sin fecha

MDyC ha reclamado sin éxito claridad en la gestión fronteriza mientras que AEGC solicitó unos paneles informativos de cara a la OPE que no se han colocado | La última incidencia la protagonizó una mujer de 68 años que terminó detenida por llevar 16 kilos de verduras y frutas

Mientras la clase política pelea en sus foros por conocer, a estas alturas, el calendario de apertura de la aduana comercial de Ceuta, a pie de frontera los ciudadanos se sienten tratados como criminales por cruzar Tarajal con una bolsa de coquinas.

Los guardias civiles, con mayor o menor celo según situaciones, realizan el control del tendero sometidos a órdenes claras de la superioridad y desarrollando su labor en un terreno pantanoso.

Las intervenciones y detenciones que se producen en el espacio fronterizo relacionadas con el pase de mercancía han aumentado y la Asociación Española de la Guardia Civil -AEGC- advierte de que irán a más.

No son meras suposiciones, la escalada de sucesos va en aumento, así como la reacción de un ciudadano contra unas normas en las que se sigue navegando de manera poco clara por parte de las administraciones que deben serlo.

El pasado marzo la asociación instaba a la administración de la plaza de los Reyes a poner en marcha una campaña para informar a los marroquíes que protagonizarán la OPE sobre lo que se puede pasar y lo que no. Nada se ha llevado a cabo, esos episodios de confrontación no harán sino aumentar.

Detenida por llevar más frutas y verduras de lo establecido

Este miércoles la Guardia Civil terminaba deteniendo a una mujer de 68 años por desobediencia. Su ‘delito’ cruzar el paso peatonal con un carro en el que llevaba 16 kilos de frutas y verduras, seis más de lo permitido.

De las advertencias para que sacara del carro el extra de mercancía y lo dejara en el contenedor se pasó a los roces entre agentes y ciudadana, que terminó detenida por una desobediencia.

El Juzgado de guardia ha archivado el caso al considerar que no se estaba ante un caso de desobediencia grave.

Otros asuntos finalizan con condenas en los juzgados, eso sin contar las sanciones por contrabando dictadas.

Las denuncias de MDyC

MDyC ha denunciado el trato, como si fueran criminales, que se da a las personas. Terminan ante un juez por cruzar la frontera con pasteles o por haber finalizado con los grilletes puestos por pagar con un agente la pérdida del ramo de flores que portaba para una boda. Los hay que han perdido todo lo que portaban.

Saben las normas porque vienen recogidas en los paneles de advertencia, pero esa frontera tan dispar a la hora de mantener criterios iguales para todos termina siendo un hervidero de problemas.

El Gobierno de España es incapaz de responder con claridad a las constantes peticiones para que dé a conocer las fechas en las que realmente funcionará la aduana comercial. Esa falta de concreción da pie no solo al aumento de delitos y sanciones relacionados con el contrabando de mercancía sino también a las acciones delincuenciales que afloran por este anómalo funcionamiento.

La entrada de pescado procedente de Marruecos de manera irregular para abastecer el consumo descontrolado (por estar ajeno a cualquier control sanitario) de este producto es un hecho. A las intervenciones concretas que lo demuestran se suma ese pase constante que burla los controles de la Guardia Civil.

¿Está capacitada la Benemérita o la Delegación del Gobierno para verificar que las normas son iguales para todos?, ¿que el mismo celo para retirar una bolsa de coquinas se pone para controlar una furgoneta repleta de productos para un evento social?

MDyC ha sido sin duda el partido más estricto a la hora de demandar claridad en el paso fronterizo. A las cuantiosas críticas vertidas en prensa se han sumado las denuncias en otros foros como el plenario para forzar explicaciones, todas ellas sin éxito.

La Ciudad se aferra a su falta de competencia en este ámbito, eso a pesar de ser un asunto que afecta a los ciudadanos. Delegación del Gobierno ha ceñido cualquier alusión a la normalización fronteriza a los anuncios oficiales que ofrece el Gobierno de España. Se impone la ley del silencio precisamente en la administración que debe responder de lo sucedido en el paso.

Las demandas y denuncias efectuadas por asociaciones como AEGC han caído también en saco roto. En este caso se aferran a la defensa de los intereses de los guardias civiles a los que, en ya muchas ocasiones, han terminado defendiendo en los tribunales. No son situaciones aisladas, muy al contrario, lo deja por escrito la asociación, irán a más, y en riesgo se pone a quienes son los protagonistas.

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