La comisaria europea de Interior, la sueca Ylva Johansson, ha repetido, esta vez a preguntas de varios europarlamentarios independentistas españoles, que “de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) 2019/1896 sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, solo el Estado miembro afectado puede pedir a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) que inicie una operación conjunta en sus fronteras exteriores”.
Es decir, si se desea su presencia en las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tiene que solicitarlo el Gobierno de Pedro Sánchez.
En caso de que lo hiciera, dicho requerimiento debería ser “evaluado y aprobado” por el director ejecutivo de Frontex, que también puede “recomendar” a cualquier país de la UE “que solicite a la Agencia la puesta en marcha, la realización o la adaptación de una operación conjunta, una intervención fronteriza rápida o cualquier otra medida pertinente por parte de Frontex”.
Antoni Comín, Carles Puigdemont y Clara Ponsatí preguntaron a la Comisión Europea si “pedirá a España que establezca una operación conjunta con Frontex en Ceuta y Melilla” o si “propondrá al Consejo de Administración de Frontex que lleve a cabo una evaluación de la diligencia debida de las vulnerabilidades en las fronteras entre Marruecos y la Unión en relación con la protección de los derechos fundamentales”.
La política escandinava ha aclarado a los interpelantes que “el ‘procedimiento de diligencia debida en materia de derechos fundamentales’ fue desarrollado por el agente de derechos fundamentales para asesorar al director ejecutivo de Frontex antes de adoptar decisiones sobre el inicio de una nueva actividad o sobre la suspensión, retirada o finalización de una actividad en curso”.
“Solo sería aplicable”, ha indicado Johansson en su contestación a los tres europarlamentarios catalanes, “si hubiera una operación de Frontex en curso” en las ciudades españolas “o una solicitud de inicio de una nueva operación”.
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