“España no puede dejar el control migratorio en manos de Marruecos”

Responsabilidad y derechos. Virginia Álvarez, portavoz de Amnistía Internacional para asuntos de Política Interior, insiste en lo primero para fortalecer lo segundo.

La tragedia protagonizada por al menos 14 de los cientos de inmigrantes que el pasado jueves intentaron acceder a Ceuta a través del paso fronterizo con Marruecos ha movilizado a su organización, que insiste en que España debe cumplir las obligaciones de asilo y acogimiento que contemplan los tratados internacionales suscritos en su día. También alerta de que Marruecos, país que según su denuncia vulnera constantemente los derechos humanos, no puede marcar el ritmo de nuestra política inmigratoria.
–El drama de la inmigración ilegal acaba de sumar en Ceuta otra decena y media de víctimas. ¿Hay recetas para este tipo de tragedias más allá del lamento?
–El drama de la inmigración nunca va a parar, nunca va a cesar si en la gestión migratoria se obvian los derechos humanos de todas estas personas. Lo primero de todo, ahora, es investigar lo que ha ocurrido. De momento las informaciones son contradictorias. Hay inmigrantes diciendo que la Guardia Civil les disparó y nos preocupa el hecho de saber cómo se repelió su entrada. España tiene una obligación, y es que aquellas personas que buscan protección personal puedan acceder a su territorio. Hay demasiadas dudas sobre lo que ocurrió como para que no se investigue y se esclarezca, y en el caso de haber responsabilidades, tanto de la Guardia Civil como de las autoridades marroquíes, se deben depurar.
–¿Tienen algún indicio para asegurar, como sí han hecho otras oenegés, que hubo una hipotética actuación irregular de las Fuerzas de Seguridad?
–Amnistía Internacional denuncia, desde 2006, cuando hicimos una primera investigación, que no haya protocolos adecuados sobre el uso de la fuerza en este tipo de casos. Pero no hay que olvidar que para realizar expulsiones sí que hay ley, hay un procedimiento que se está incumpliendo y eso ha sido reconocido recientemente por el ministro del Interior. El hecho de que el propio ministro reconozca que hay en ocasiones expulsiones ilegales y no tome medidas es de una especial gravedad, porque las expulsiones a través de la valla sin seguir los procedimientos legales no solamente contradicen el Derecho interno de España sino el internacional y, por extensión, los derechos humanos. Eso no se puede hacer. Nos llama bastante la atención que el ministro lo reconozca sin anunciar que va a tomar medidas para castigar a aquellas personas que dan esas órdenes y para garantizar que nunca más vuelva a suceder.
–¿Eso quiere decir que Amnistía Internacional interpreta que no se respetan los derechos humanos de los inmigrantes cuando intentan acceder a Ceuta?
–En 2006 ya hicimos un primer informe en el que, desgraciadamente, se repetían hechos como los de esta semana en Ceuta, donde varias personas murieron como consecuencia de la utilización de material antidisturbio, de intentos de repeler entradas a través de la valla o por heridas al entrar o querer acceder a la ciudad. Después de esos gravísimos hechos no se realizó ningún tipo de investigación que haya llegado a conocimiento de Amnistía Internacional, pese a haberlos reclamado, y volvemos a ver ese mismo tipo de sucesos ahora, que además se han ido repitiendo a lo largo de los años. Amnistía ha podido documentar últimamente cómo las Fuerzas de Seguridad de Marruecos están actuando con un uso excesivo de la fuerza, expulsando ilegalmente a refugiados a Argelia, sin ningún tipo de problema, incluso a mujeres embarazadas... La situación es realmente preocupante. Hemos escuchado testimonios de personas que no reciben asistencia médica adecuada a pesar de sufrir graves heridas. Esas personas están ahora mismo atrapadas en Marruecos y están viviendo una situación en ocasiones muy desesperada.
–¿Y qué proponen?
–Amnistía Internacional reclama a los países europeos, y en especial a España, que actúen conforme a sus obligaciones adquiridas a través de los tratados internacionales de derechos humanos. España no puede dar la espalda a estas personas: tiene que permitir que accedan y tiene que ver si están necesitadas de protección internacional. Tiene que responder a sus obligaciones.  No puede escudarse tampoco en que el control migratorio esté en manos de Marruecos, dejarlo en sus manos cuando Marruecos es un país que está violando los derechos humanos. Si España se ampara en la gestión migratoria por parte de Marruecos, también estará vulnerando el Derecho Internacional.
–Pero quizás se olvide en este debate que Ceuta y Melilla no pueden contener por sí solas la presión inmigratoria de toda una frontera sur de la UE...
–Todos los países que están en zona fronteriza tienen que afrontar este reto. No queremos decir que se tenga que hacer de forma solitaria. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por ejemplo, en el caso de los refugiados o los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, se han pronunciado recientemente en el sentido de que éstos tienen derecho a pasar a la península. Pero el Gobierno español se niega a cumplir estas resoluciones judiciales y lo que habrá es que buscar cualquier tipo de solución, pero no a costa de los derechos de estas personas. No podemos decir que como no hay capacidad para acoger a estas personas tenemos capacidad para violar sus derechos, ni podemos hacer un uso excesivo de la fuerza contra ellos sin que haya ningún tipo de responsabilidad.
–Reformulando la pregunta, ¿no se obvia con cierta facilidad que España tampoco puede absorber a todos los inmigrantes que golpean sus puertas?
–Son opiniones, pero volvemos a los mismo: no se trata de si España puede o no puede soportar más presión migratoria, sino de tener en cuenta sus obligaciones internacionales. Una cosa es la inmigración y otra las personas que huyen de la persecución internacional, y a las que hay obligación de garantizarles que accedan a territorio español y de estudiar sus casos. Una vez realizado todo ese análisis se pueden devolver en condiciones de seguridad a sus países, cumpliendo la legalidad vigente. Amnistía Internacional, si se hace así, no tiene por qué opinar en contra. Es más, reconocemos a los estados el derecho a contener la inmigración. Lo que realmente nos preocupa son los atajos que vulneran los derechos fundamentales.
–¿Se trataría entonces de dar nuevos pasos hacia una legislación más ambiciosa o, a su juicio, velar simplemente por el cumplimiento de la actual?
–Insisto en que se está incumpliendo el marco legislativo que tenemos. España está obligada por el Derecho Internacional, que está incorporado a nuestra legislación y es de obligado cumplimiento.
–¿Y la UE está involucrada en el fenómeno inmigratorio o nos ha dejado a nuestra suerte?
–Nos preocupa lo que la UE está haciendo con Marruecos, pero también por ejemplo los acuerdos con Libia. En esos dos casos se está  apostando por una especie de externalización del control migratorio, y eso es muy peligroso. Lo único que se está haciendo, en nuestra opinión, es fortalecer a las mafias al hacer más complicada la entrada en Europa. De esa forma,  se está abocando a estas personas a acudir a organizaciones ilegales que trafican con seres humanos. Es una responsabilidad conjunta en la que, a pesar de las intenciones que mostró al UE cuando ocurrió la desgracia de Lampedusa, nos preocupa enormemente que no se haya tomado ningún tipo de medida al respecto.
–¿El freno a la inmigración ilegal masiva no pasa también por el fomento del desarrollo en los países de origen?
–Está claro que es algo a tener en cuenta. No es un ámbito en el que trabaje Amnistía Internacional, que está más centrada en la defensa de los derechos humanos, pero una de los principales decisiones que ha adoptado el actual Gobierno es el recorte también en ayudas al desarrollo a terceros países. Pero independientemente de que esas personas se vean o no obligadas a salir de sus países de origen, no hay que olvidar que en muchas ocasiones no tienen más remedio que huir, como en Siria, donde hay miles de personas abocadas a caer en conflicto armado.
–¿Qué opina Amnistía Internacional de las ya famosas concertinas en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla?
–Está claro que no son medidas disuasorias. Nos preocupa el hecho de que se estén adoptando medidas que lejos de evitar que personas vayan a poder entrar lo único que pueden hacer es causar aún más daño. La decisión de quitar las concertinas se tomó precisamente porque se vio que no estaban evitando entradas de inmigrantes sino causando graves heridas, y vemos que a pesar de que varios organismos internacionales de derechos humanos manifiestan su preocupación, la vida de las personas una vez más no es algo importante. Volvemos a lo mismo de antes, al problema de fondo: no hay mecanismos legales para que las personas necesitadas de protección internacional puedan acceder a nuestro territorio. Mientras España no quiera reconocer ni cumplir sus obligaciones internacionales seguiremos asistiendo a este tipo de sucesos, por muchos impedimentos que intenten poner. Seguiremos asistiendo a muertos en el Mediterráneo, porque si lo ponen difícil por un lado esas personas terminarán intentando huir y entrar por otras vías. No es la solución. Lo único que consiguen es trasladar la presión migratoria de un lado a otro, donde las únicas víctimas son siempre las mismas, las personas migrantes.
–¿Y qué imagen proyectan los CETI en la península?
–Creemos que es necesario dar un alojamiento adecuado a estas personas, pero nos preocupa lo que hay dicho el relator de Naciones Unidas sobre discriminación en cuanto a las condiciones de los mismos. Se debe conseguir que estén en las mejores condiciones posibles.
–Ceuta ha vivido en los últimos meses protestas del colectivo sirio que espera autorización para atravesar el Estrecho. ¿Se debería actuar con más celeridad en la resolución de las peticiones de asilo?
–No entendemos que a pesar de las sentencias judiciales como las del TSJA se siga actuando por parte de las autoridades de esa manera. Se está incumpliendo lo que los tribunales están diciendo. Los sirios son personas refugiadas y como tal deben ser protegidas y no hay justificación para que las autoridades españolas se nieguen a darles acogida.
–¿La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que cocina el Gobierno es un lastre para los derechos ciudadanos?
–Estamos muy preocupados por los recortes en los derechos humanos que se están produciendo en las últimas reformas legislativas del Gobierno. Por ejemplo, privando de sanidad a inmigrantes en situación irregular, pero también los cambios legislativos en el Código Penal o esa anunciada Ley de Seguridad Ciudadana que puede recortar derechos tan importantes como el de reunión pacífica. Sería largo de contar, pero creo que simplemente nos da una idea de las graves preocupaciones de derechos humanos que hay en España la cantidad de visitas, de recomendaciones, de preocupaciones que estamos recibiendo de organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, que están alertando a las autoridades españolas de que así no se pueden hacer las cosas. Amnistía lo está diciendo: la crisis económica no puede ser una excusa para recortar en derechos humanos.
–¿Se estaría intentado cercenar el derecho de manifestación, de protesta en definitiva?
–Si realmente este anteproyecto de ley sigue adelante, efectivamente se estaría vulnerando un derecho fundamental que es de la libre reunión pacifica, la de la protesta. Esperemos que recapaciten y no se sigan lesionando derechos fundamentales de las personas, cuando está reconocido por ley que las personas tienen derecho a una participación en los asuntos públicos a través precisamente de su poder de reunión y de manifestación. Las penas además son desproporcionadas y nos preocupa la falta de garantías para el ciudadano cuando se ve sometido a una sanción administrativa. También es alarmante la arbitrariedad a la hora de imponer sanciones y la falta de control efectivo por parte de las autoridades judiciales, que se pretende realizar  transfiriendo algunas de las actuaciones de la vía penal a la vía administrativa, donde hay un menor control de la actuación de la Administración.
–Hablando de derechos, ¿en la Ley del Aborto colisionan los de la madre y los del no nacido?
–Ahora mismo estamos analizando esta normativa. Nos preocupa que se pueda impedir el acceso a la interrupción del embarazo en condiciones legales. Pero lo estamos estudiando en estos momentos...

“Todo lo conseguido hasta ahora no puede perderse”

Fundada en Londres en octubre de 1962, Amnistía Internacional aglutina hoy a más de tres millones de socios y simpatizantes repartidos a lo largo de 150 países de todo el globo. Entre todos sostienen la misión de la organización, que no es otra que la defensa de los principios básicos estipulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 y en el resto de tratados. Ese amplio abanico de objetivos, multiplicado por el efecto de guerras, gobiernos autoritarios e incluso regímenes democráticos que no hacen todos sus deberes, le ha transformado en el altavoz al que se aferran cientos de millones de ciudadanos en todo el planeta que consideran vulneradas sus libertades. En España, además de la protección de los derechos de los inmigrantes, AI lucha, por ejemplo, contra la homofobia, la discriminación racial o la violencia de género, quizás una de las mayores lacras sociales contemporáneas. “Llevamos tiempo alertando de que no se debe bajar la guardia, que no deje de ser una prioridad. Nos preocupa enormemente que esta violación de los derechos humanos pueda dejar de serlo. En un informe de 2012 ya alertábamos de los multiples obstáculos a los que se siguen enfrentando las mujeres víctimas cuando deciden recurrir a las autoridades judiciales para denunciar esta violencia. Se pone demasiada carga en las mujeres en su obligación de dar el primer paso sin evaluar qué pasa después. Hemos documentado cómo las mujeres ven un camino lleno de obstáculos donde no reciben la ayuda necesaria”, lamenta Álvarez. Otro gran reto para la organización es evitar que el ascenso de partidos radicales y xenófobos neutralice la defensa de los derechos humanos en Europa: “Los derechos humanos son un problema global, nos afectan a todos. Tenemos que ser conscientes de que cuando unos cuantos los pierden, también los perdemos los demás. Todo lo que se ha conseguido hasta ahora no puede perderse”.