España, ante el quebrantamiento de las leyes y los preceptos constitucionales

España, establecida en forma de Estado, en la que su régimen se alimenta de los valores democráticos, es la soberanía la que reside en el pueblo y de la que se desprende los poderes del Estado.

Así, lo promulga el artículo 1.2 de la Constitución de 1978, mandato referente de la ciudadanía, cuyas tres primeras palabras hacen mención a esta Nación, ya que valga la redundancia, España como Nación prevaleció con anterioridad al Estado presente. Por eso, en uso legítimo de la soberanía se constituye en Estado, según lo refiere el Preámbulo y articulo 1 de la Carta Magna.

Consecuentemente a lo preliminarmente expuesto, se trata de un único Estado, matiz cardinal que se fundamenta en estas líneas.

Por lo tanto, la evidencia manifiesta que España es una única Nación organizada en Estado, es en su efecto, el reconocimiento reflejado en los artículos 1 y 3 de la Constitución Española de 1812, que determina a esta Nación como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, haciéndola depositaria de la soberanía.

Posteriormente, se hace hincapié en este mismo sentido de Nación como Estado, en las Constituciones de España de 1837, 1845, 1869, 1876 y 1931 respectivamente, hasta la comparecencia de la Constitución actual de 1978.

A la par, es un hecho que España se le reconozca en el plano internacional, como única Nación, gracias, al respaldo de antecedentes históricos de adquirieron gran calado. Tales, como el pacto de la Sociedad de Naciones de 1919; la Organización de Naciones Unidas de 1955; la Organización del Tratado del Atlántico Norte de 1949, y, la consiguiente adhesión de España a las Comunidades Europeas, en 1986.

Asimismo, dentro de la unidad o cuerpo político de España, se han instituido diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas. Cada una de ellas con sus gobiernos, prescripciones, signos particulares y el nombre que las reconoce. Aunque éstas últimas, tras serle otorgado dicho rango, lo serían reglamentariamente a partir de 1995.

No obstante, parece ponerse de manifiesto el nacionalismo periférico que, sobre la base del aborrecimiento a la Nación, apareció en determinados lugares de España y que, a finales del siglo XIX, comenzó a funcionar como movimientos nacionalistas centrífugos. En clave a este escenario, el sector nacionalista se ha propagado con la derivada reivindicación de comunidades políticas propias.

Con todo, a pesar de la fuerza que ha imprimido la pacificación y la distensión del consenso en que prosperó favorablemente la Constitución de 1978, ello no ha impedido, que se haya originado un giro pernicioso en determinadas regiones de España, que hoy por hoy, dicen catalogarse como nación o patria.

Razonamiento ilógico y fuera de tono.

Aun así, estos territorios están dispuestos por leyes venidas de sus cámaras.

Lo cierto es, que mientras este País conserva la hechura constitucional, las Comunidades Autónomas que la articulan, también la poseen, ya que sus Estatutos forman parte de un componente reglamentado de las Constituciones, que la hacen establecerse como elemento de constitucionalidad.

Al hilo de lo referido, la Constitución de 1978 especifica que la Nación es exclusivamente España, declarando que la soberanía nacional reside en el pueblo español y del que indiscutiblemente resultan la totalidad de los poderes del Estado. Toda vez, que se advierten visos de bilateralidad de estados independientes, con derechos y deberes discordantes a los del resto de España.

Destellos que incuestionablemente depuran el nacionalismo crispado y que, por inoculación, se populariza en una parte de la ciudadanía española.

Ante ello, cabría realizar esta reflexión: España en apariencia, parece hallarse invertebrada, al salir a la luz sectores aislados a esa parte integrada en un Todo común, como refrenda el mandato constitucional.

Complejidad inquietante en la que este País se sostiene más, por disponerse en Nación, que, por ser propiamente un Estado. Motivo que nos ubica a un pasado lejano en el tiempo, pero que formó parte de una historia conjugada en el futuro, que es hoy.

Echemos, por lo tanto, un vistazo a esos trechos remotos e identifiquemos como España se plasmó en el año 201, antes de Cristo. En concreto, durante los sucesos de la segunda guerra púnica que enfrentaron a Roma y Cartago, cuando Hispania resultó ser provincia romana.

De la misma manera, habría que detenerse unos siglos más tarde en el año 545, que cobijaría entre sus efemérides la fundación del Reino Hispano Visigodo e inmediatamente después, comparecería el Tercer Concilio de Toledo.

Coyuntura que admitió el catolicismo como religiosidad oficial y que aportó el Liber Iudiciorum o cuerpo de leyes visigodo de carácter territorial, dispuesto por el rey Recesvinto en el año 654, como condición común ajustable a cualesquiera de los territorios peninsulares.

En definitiva, una Península que en el año 1749 se convirtió en el primer Estado de los tiempos modernos e intervalo histórico en que el rey Fernando recibió el trono de Aragón y con ello, la unión monárquica del Reino de Castilla.

Pero no antes, en 1492, debió consumarse esta alianza con la ocupación del Reino de Granada y unos cuantos años después, en 1512, se produjo la incorporación del Reino de Navarra.

Con los indicios antes detallados y el transcurrir de los tiempos venideros, podría afirmarse, que España reside como Territorio exclusivo en los que se complacen regiones y pueblos. Una Tierra que aglutina un cuerpo político con disposición de progreso.

Una Nación en la que hemos surgido, existimos y permanecemos, redoblando los esfuerzos por el impulso del desarrollo integral en beneficio de otros pueblos y comprometidos con el respeto y promoción de los derechos humanos. Evidentemente, el ser o no ser de este Territorio, ha conllevado valorar las etapas de lustre, pero también, admitir los errores incurridos.

En nuestros días, como ya se ha indicado, este País se ha dotado en forma de Estado, en los que su régimen político está basado en la democracia. Un instrumento imprescindible que nos afianza en una convivencia ordenada política y socialmente, salvaguardando, ante todo, la soberanía del pueblo.

Como lo declara el artículo 1.2 de la Carta Magna, cuyas tres primeras palabras de su Preámbulo hacen un guiño a la Nación, ya que España como Nación, constaba con anterioridad al Estado vigente. De ahí, que este texto resalte en los artículos 1, 14 y 16 respectivamente, que España en uso de su soberanía, se constituye en un Estado.

Se trata de una única Patria, que se hace llamar España, donde todos somos libres e iguales.

Alcanzado el trazado que ilustra a este Todo común que es España, cabe indicar que, a día de hoy, este País padece síntomas de inestabilidad territorial, al concurrir la sombra inviolable de la segregación de regiones. Saltando a la vista el influjo de Comunidades Autónomas que reivindican establecerse en Nación, al erigir su propia Constitución y como tal, convertirse en Estado propio, como si de una confederación de comunidades políticas soberanas, se tratase.

Partes de un Todo común, que atañen sin discusión el dibujo territorial de España, ahora resueltas a desvincularse del propio Estado.

Por ende, no se hace referencia a una confederación como tal, sino de mera y simple pero alarmante, desmembración de regiones. Como exponen diversos historiadores, el quebrantamiento a una Nación podría originarse en el exterior o quizás, internamente, desde ella misma.

El primer enfoque es considerado como irrupción, mientras que el segundo, supone nada más y nada menos, que la secesión.

Lo que implica a los ojos del mundo, que la pretensión insistente de la Independencia de Cataluña, se conjetura, como agresión expresa a las identidades de los pueblos de España.

No quedando lejos de esta realidad, la desavenencia de ciertos territorios que miran más en beneficio propio, con lo que se desvanece la unidad moral y con ello, el afecto solidario de España, como Nación. A ello habría que añadir la confluencia de barreras lingüísticas y derechos inherentes por instantes disonantes, con raciocinios desiguales y acusados pronunciamientos geográficos.

Por lo que una parte singular de este País, sucumbe ante la libertad e igualdad, a cambio de diferencias, límites y antagonismos, que eclipsan la presumible amistad política que debería concurrir en la suma de los territorios de España.

No muy lejos, es notoria la bifurcación de Estatutos distintos y ordenamientos jurídicos ajustados más, a los intereses generales, que, a la afinidad territorial de España, como Nación. De manera, que se atenúa la unidad jurídica o lo que es lo mismo, las leyes comunes que confieren la solidez de España, como Estado social y democrático de derecho.

Advertidas las sintomatologías que no son pocas, el diagnóstico corrobora que esta Nación está enflaquecida y exhausta, porque el mal que habita en Ella se encuentra en su interior. Desprendiéndose que el mandato preceptivo que los ciudadanos nos dotamos en 1978, se atina en situación crítica, ante el órdago independentista de Cataluña.

Se trata de un desafío con expreso desacato de las garantías que tutelan al Gobierno de España.

Constatación que nos advierte de la previsible demolición de la unidad territorial y con ello, la insubordinación al orden democrático.

Un punto de partida desplegado como estrategia predestinada a convertir Cataluña en Estado Independiente, mediante el montaje de un movimiento político organizado y vertebrado en la pluralidad ideológica.

Si bien, la Carta Magna no tolera itinerarios separatistas, la pretendida modificación del texto constitucional para conseguir la ruptura territorial, es indefendible. Entre otras razones, porque existe un principio de unidad como Estado, que es irrenunciable.

Este pensamiento descabellado que nos enfrenta socialmente y que se convierte en proclama de una España fragmentada en naciones, parece incrustarse por momentos, en las mentes y corazones. Hasta el punto, de hacerse demasiadas concesiones y allanarse la desconfianza al sistema constitucional.

Sin embargo, España es distinguida como Pueblo común e indivisible y únicamente se establece como una única Nación, como lo prescribe el artículo 2 de la misma Constitución, que es garante de la unidad, la justicia y la libertad y de aquellos principios que se intentan violar.

Del mismo modo, España comprende nacionalidades y regiones que la hacen enriquecerse como País moderno y democrático, pero no estamos reconociendo o especulando que sea una Nación de naciones o que como Estado deba ser establecida en plurinacional.

Cualquier determinación que menoscabe la unidad e integridad territorial de España, supone descomponer al Estado mismo y con ello, sesgar las singularidades sociales y culturales de los territorios que la acomodan.

Empeño secesionista que es un atropello resuelto a minar y echar abajo la convivencia democrática y con ello, los pilares básicos que hemos construido.

En democracia, la libertad conquistada no admite obrarla, sin antes, obedecer las leyes que la preservan. Hago referencia a un modelo de libertad que no equivale a la deshonestidad o al desbarajuste en los sentimientos propios de una Nación.

La providencia legislativa que afianza los deberes de la madre libertad, indispensablemente pasa por la Constitución Española de 1978. Fijándose irrefutablemente, que ninguna de las piezas que configuran el puzle geográfico de este País, puede o debe pactar la separación de alguno de sus territorios, como antítesis a los preceptos establecidos.

Ante los acontecimientos de desarreglo tanto a nivel político como social y económico, en los que el independentismo y la extrema izquierda han sumido a Cataluña, es responsabilidad de todos, contener el desacato del cuerpo constitucional y como tal, hacer valer los derechos que la disponen.

No obviándose, que las instituciones del Estado asumen el deber de intervenir con premura, protegiendo, ante todo, la legalidad de la Carga Magna, el sistema democrático y los derechos y libertades.

Señas de identidad a un debate que se expande con ingenio, haciendo desangrar los vasos comunicativos de comunidades y Estado, cuya tesis perfila la alteración en los conceptos político y administrativo.

Vicisitud que actualmente trasciende en la hechura del viejo continente, hasta llevar a remolque la postulación de cambios en los principios constitucionales y con ello, la imputación del encasillado territorial.

Atrás quedan, siglos de historia envueltos en refinamientos culturales, que, inexorablemente, refutan la unidad indisoluble de España, para desenmascarar lo que el nacionalismo puro y duro, ciertamente nos marca, distancias inaccesibles entre Estado y Comunidades Autónomas.

Mientras tanto, lo deseable es que no se anule el sentido de Estado, con el que se desbarate de una vez para siempre, la contienda secesionista.

Curiosamente, en ningún tiempo de la historia Cataluña se convirtió en Reino independiente de España. Pero, lo que no encaja, es el cuño convenido para esta Comunidad, con la que se pretende desgajarla de España y concurrir como nación.

Recuérdese al respecto, que Cataluña se estableció en Principado con instituciones propias, incluida en la Corona de Aragón. Pero, ¿qué sería de ella, sin su articulación geográfica al Reino de España?

Consiguientemente a lo descrito, no existe condición capaz de contravenir la vocación cívica, a la hora de abrir un camino como el transitado por tantísimos ciudadanos de España, hasta el reencuentro definitivo de la convivencia democrática.

Un diseño herrador en la prolongación de España como Nación cohesionada, vertebrada y diversa, en la que cada espacio, entre ellos, la Comunidad Autónoma de Cataluña, aunque parezca paradójico, apela sin fisuras, la eficacia de las leyes y el mandato constitucional.

Entretanto, Aragón parece adentrarse en esta conspiración nacionalista, insinuando la viabilidad de concretarse en país con identidad y espacio jurídico, político y cultural propios.