Del “escándalo” de las narcolanchas a “falta de medios” policiales

La lucha contra el narcotráfico, ese constante choque entre delincuentes y fuerzas de seguridad, arroja una balanza desequilibrada. La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al ejercicio 2023 y presentada esta misma semana destaca la “proliferación escandalosa de narcolanchas” y alude a la “menor presión policial” por el fin del OCON Sur, con trayectoria eficiente en el sur peninsular y también en Ceuta.

Pone el foco además en los ‘petaqueros’ y la necesidad de actuar contra esta figura clave en la cadena del narcotráfico ya que se encarga de abastecer de combustible a las embarcaciones posibilitando así que logren con éxito el pase de estupefacientes.

El número total de procedimientos por tráfico de drogas en España (23.949) se ha incrementado este año un 10,16% siguiendo una tendencia creciente anual que se refleja en un número de 18.923 en 2019, 19.996 en 2020, 20.890 en 2021 a 21.740 en 2022.

Pero hay un cambio significativo, provincias del sur que antes estaban muy afectadas por esta lacra delictiva ahora lo son menos. La Fiscalía hace hincapié en este detalle aclarando que “ni el número ni el porcentaje de crecimiento son realmente indicativos al tratarse de datos cuantitativos generales que no discriminan la complejidad o gravedad de las conductas investigadas”.

El mayor porcentaje de incremento, ya que parten de un número bajo, al igual que el año pasado, se encuentra en provincias de interior que ni siquiera cuentan con delegación de la Fiscalía Especial Antidroga como Zamora, Segovia, Burgos, Huesca o Albacete.

Hay un dato que afecta a Ceuta, el número de procedimientos por narcotráfico seguidos en la ciudad y en la provincia de Cádiz (no separa ambas zonas) ha pasado de 1.253 en 2019 a 825 en 2023.

Las consecuencias del fin del OCON-Sur

¿Los motivos de ese descenso cuando siguen siendo puntos clave en el negocio del narcotráfico? La Memoria los recoge. Primero, el traslado de las descargas de embarcaciones a otras provincias hasta el punto de que Huelva y Málaga superan las aprehensiones llevadas a cabo en el Campo de Gibraltar.

¿Se trafica menos o hay menor presión policial? Las consecuencias del desmantelamiento del OCON-Sur vuelven a ponerse de manifiesto por la efectividad que tuvo esta unidad especializada de agentes de la Guardia Civil no solo en zonas del sur peninsular sino también en Ceuta.

Además, en la Memoria se hace mención al menor número de investigaciones desarrolladas que hayan tenido resultados que pongan en riesgo la operatividad de la organización delictiva.

"La realidad que constata la fiscal coordinadora de Andalucía es que el alza en las cantidades intervenidas no ha supuesto un aumento de investigaciones dado que en muchos casos las intervenciones no han dado lugar a detenciones ni se ha logrado identificar a la organización detrás del envío incautado", apunta.

“Las cifras generales de mayor número de incautaciones no dan idea concreta de una efectiva actividad represora del narcotráfico porque un solo contenedor de cocaína con 9 toneladas altera la estadística de incautaciones sin que se eleve el número de investigaciones, por lo que los datos de incautaciones deben ir acompañados de un análisis adecuado de todas las circunstancias”, destaca.

Traslado de narcolanchas y más de 3 toneladas de hachís en 2023

Aunque este año han aumentado las cantidades de hachís intervenidas respecto a 2022, se advierte un descenso significativo respecto a años anteriores. Las cifras son las siguientes: 75.724 en 2018, 82.840 en 2019, 45.567 en 2020, 72.650 en 2021 y 43.755 en 2022. Este pasado año han sido 61.416 kilos de hachís intervenidos: 30.919 en Algeciras (47.214 kilos en 2022), 27.433 en Cádiz-Jerez y 3.064 en Ceuta.

“El descenso puede atribuirse a la suma de dos factores. Uno de ellos es el traslado de las descargas de embarcaciones a otras provincias lo que se refleja en que Huelva y Málaga han superado en incautaciones al Campo de Gibraltar. De hecho, los delegados de Málaga y Marbella constatan el incremento de embarcaderos de semirrígidas en la provincia y concretamente se cita la zona de la Axarquía poco habitada”, se insiste en la Memoria.

Igualmente, el delegado de Sevilla informa del aumento de embarcaciones con hachís por las marismas del Guadalquivir en la comarca de Aljarafe. Lo mismo se describe por la delegada de Huelva que añade que, entre las modalidades de embarcaciones para la introducción del hachís, se ha observado cada vez más el uso de pesqueros de forma que en este año solo en dos de ellos fueron incautadas 9 toneladas.

El segundo factor que justifica el descenso de investigaciones que es mencionada por la mayoría de los fiscales delegados de Andalucía lo constituye la “menor presión policial” que se refleja en un número menor de incoación de nuevos procedimientos penales y el “descenso de las investigaciones contra organizaciones criminales que también reconocen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, que alertan, por ejemplo, del gran número de embarcaciones de alta velocidad avistadas desde Barbate hasta Sanlúcar de Barrameda sin que exista capacidad suficiente para poder abordarlas.

El delegado de Jerez también señala el uso de embarcaciones de todo tipo, con una “proliferación escandalosa de narcolanchas” para la introducción de hachís en la desembocadura del Guadalquivir, las poblaciones de Sanlúcar y Rota.

Aquí se encuadra, por ejemplo, el reciente suceso en el que murió el ocupante de una narcolancha y resultaron heridas 4 personas, residentes todas ellas en Ceuta.

Las fuerzas de seguridad reconocen la “carencia de medios”

Las fuerzas de seguridad aluden a la “carencia de medios" para hacer frente a las embarcaciones ultrarrápidas con hachís procedente de Marruecos y que además "se esconden" en este país -y también en Portugal-, alertando de que su proliferación "muestra la impotencia del Estado ante unas redes criminales que deben ser inmediatamente desarticuladas".

En la Memoria de 2023, la Fiscalía cita expresamente la muerte de dos guardias civiles en Barbate para advertir que estas narcolanchas "siguen siendo el instrumento principal para el traslado de hachís desde Marruecos y proliferan por toda la costa, especialmente, aunque no solo, en el Estrecho y son visibles a plena luz del día o por la noche, navegando por la desembocadura del Guadalquivir, por puertos deportivos o muelles pesqueros".

“Las redes sociales y cualquier medio de comunicación muestran el atrevimiento en la exhibición de estas narcolanchas por parte de los narcotraficantes y la violencia con la que en más de una ocasión embisten a las embarcaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como lo demuestra el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024, que constituye uno de los episodios más lamentables, tristes e inadmisibles que se recuerdan, y muestra la impotencia del Estado ante unas redes criminales que deben ser inmediatamente desarticuladas”, reseña.

El Ministerio Público menciona la "carencia de medios para el abordaje y detención de estas embarcaciones ultrarrápidas que suelen llevar varios motores de 350 caballos de potencia", contando con sistemas de navegación y comunicación altamente sofisticados y que "se esconden o encuentran abrigo en aguas internacionales, en Marruecos y también en Portugal, donde estas embarcaciones no son de ilícito comercio".

Entre las zonas de avistamiento señala principalmente a Melilla/Nador, Sanlúcar/Huelva, Almería, Motril/Granada, Barbate/Cádiz "con números que superan los 230 en menos de seis meses", especifica, aludiendo a datos de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA).

Modificaciones legales y ‘petaqueros’

Además, la Memoria menciona la necesidad de una modificación legal proponiendo centrar la competencia de los delitos de tráfico de drogas más graves, asumiendo por parte de la Audiencia Nacional investigaciones de blanqueo de capitales.

La Fiscalía aboga por una mejor coordinación con Portugal, país en el que las narcolanchas no están catalogadas como género prohibido, lo que es aprovechado para el montaje de los motores y de sistemas de comunicación para su posterior traslado a España.

También recuerda que sigue pendiente la modificación legal para perseguir a los 'petaqueros', encargados del acopio de gasolina para las narcolanchas. "Sólo en ocasiones se logra imputar una infracción administrativa, que dado el perfil de los ‘petaqueros’ no llega a pagarse nunca", reconoce.

Estas embarcaciones se utilizan no solo para el transporte de hachís sino, cada vez más, de otras sustancias desde embarcaciones nodrizas y también de inmigrantes, “con incidentes lamentables como lo ocurrido en la zona de San Fernando donde fallecieron 4 de ellos tras ser arrojados al mar”.

Al permanecer fuera del puerto, el combustible debe ser trasladado hasta donde se encuentren por embarcaciones más pequeñas, pero también en las propias narcolanchas que permiten mayor carga, como demuestran las últimas incautaciones en las que se ha intervenido 2.000 y 3.000 litros de gasolina.

El año pasado la Fiscalía presentó en las propuestas de modificación legislativa recogidas por el fiscal general del Estado, como forma de desincentivar el uso de estas embarcaciones, la tipificación del transporte y almacenamiento de gasolina en determinadas cantidades y sin autorización administrativa como hizo Gibraltar en la reforma de la Petroleum Act de 2021.

“La tipificación de esta conducta evitaría muchas de estas actividades ante la imposibilidad de perseguirla de otra forma, puesto que es difícil demostrar que esta gasolina está destinada a suministrar combustible a narcolanchas dedicadas al tráfico de drogas. Solo en ocasiones se logra imputar una infracción administrativa y la imposición de una multa”, indica.

“A la par, se genera otro problema por el almacenamiento de la gasolina incautada administrativamente que permanece almacenada en lugares que en muchos casos no están debidamente habilitados para ello y que, cuando no se han incautado en procedimientos penales, no llega a poder ser utilizada o vendida para beneficiar a la lucha contra el narcotráfico”, añade.

Otro tema que merece un tratamiento especial es la difícil tasación, gestión y destrucción de las narcolanchas incautadas y la alarmante situación de acumulación en los lugares de almacenamiento “dado que no pueden ser vendidas al ser género prohibido, ni en general suelen ser objeto de uso por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no las consideran idóneas para su trabajo”.

Las consecuencias es que “se acumulan en distintos puertos, se dan retrasos en las tasaciones, en la autorización de destrucción por parte de los juzgados, de forma que los gastos de almacenamiento y destrucción son muy elevados”. Además, se genera “un riesgo comprobado de robos y vuelta al mercado de motores de gran valor. La acumulación de narcolanchas, especialmente en Algeciras y Cádiz, provoca un colapso tanto en el procedimiento judicial en el que las decisiones de destrucción no se suelen abordar con celeridad”.

A principios del año 2024 estaban depositadas en Cádiz (Puerto de Santa María) unas 80 embarcaciones y unos 150 motores que se suman a casi 300 embarcaciones en la provincia de Algeciras.