El Congreso de los Diputados dio ayer el visto bueno al decreto-ley para resolver el problema del hacinamiento de menores en los centros de acogida de Ceuta y Canarias. Han sido muchos, demasiados, los meses en los que los grupos políticos se han dedicado a debatir y a airear los aciertos propios y los errores ajenos respecto de este decreto-ley. Todo esa actuación forma parte de la acción política y, aunque a veces desespere a la ciudadanía, el trámite parlamentario era necesario.
Sin embargo, una vez superado, el Gobierno no puede ni debe perder el tiempo en pavonearse de un triunfo en la Cámara Baja importante. Lo que toca ahora es ponerse a trabajar y resolver cuanto antes un problema muy serio que afecta a Ceuta de manera muy especial. Los reproches y los halagos hay que dejarlos a un lado o reservarlos para los actos de partido.
Lo que Ceuta anhela es que todo lo que contempla el decreto-ley comience a cumplirse cuanto antes. En primer lugar, porque el Gobierno local, y también el de Canarias, se merecen que el Ejecutivo central cumpla con sus compromisos una vez que ya no hay obstáculos que lo impiden. Además, tampoco se puede perder de vista la situación de los propios menores que están en acogida y que, al drama que arrastran para llegar hasta suelo europeo, unen ahora una situación de casi desamparo por cuestiones burocráticas que son difíciles de encajar.
No se puede perder más el tiempo. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, dice que ya ha convocado a las comunidades autónomas para el 28 de abril y fijar así los criterios de reparto de los menores migrantes que se encuentran solos, aunque ha advertido de que el Gobierno no cuenta aún con todos los datos que se han requerido a las comunidades.
Ceuta lo que demanda son soluciones, pero con diligencia y celeridad, que es lo que se ha echado de menos hasta ahora.
