Tiene razón el ministro Montoro cuando sostiene que no hay que mezclar balanzas fiscales con financiación autonómica. El problema es que nunca antes lo había dejado tan claro.
Ni siquiera cuando el PP estaba en la oposición y arreaba al Gobierno Zapatero porque se entregaba al Tripartito catalán. Tampoco el anterior Ejecutivo socialista lo admitía. Ni el anterior ni el anterior. Y eso explica el actual carajal autonómico, pasto de enormes dosis de demagogia y de populismo barato. En palabras de Quevedo, “unos gobiernan con sumas, otros con aforismos y conveniencias”.
El origen del desatino procede de un modelo de financiación prematuramente enfermo desde que en la última legislatura de Felipe González comenzaron a diseñarse mecanismo de suficiencia financiera -como proclama la Constitución- a la medida de la correlación de fuerzas existente en aquel momento en el parlamento. Es decir, a la carta de los partidos con capacidad de influencia real en lugar de haber incrustado la financiación de las regiones en el bloque de constitucionalidad. Y el hecho de que el interlocutor privilegiado en aquellas circunstancias fuera una formación nacionalista como CiU ha sesgado el resultado final. Al final, cuando la coalición nacionalista ha perdido su sentido de Estado, el sistema se ha venido abajo.
Desde entonces, y a la vista de que el partido bisagra era catalán, el resto del Estado (salvo en los territorios forales) se ha sentido agraviado. Pero en lugar de ir al fondo del problema, la ausencia de una verdadera corresponsabilidad fiscal, se ha jugado a un absurdo victimismo para ganar votos, reflejado con impúdica procacidad en la célebre ‘cláusula Camps’Lo cierto, sin embargo, y como no podía ser de otra manera a la vista de que el partido ‘bisagra’ era catalán, el resto del Estado (salvo en los territorios forales) se ha sentido agraviado. Pero en lugar de ir al fondo del problema, la ausencia de una verdadera corresponsabilidad fiscal (concepto que tiene poco que ver con ceder una parte de la recaudación de determinados tributos) se ha jugado a un absurdo victimismo para ganar votos, reflejado con impúdica procacidad en la célebre ‘cláusula Camps’.
Aquella absurda disposición adicional -todavía en vigor- dice que “cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las comunidades autónomas será de aplicación a la Comunidad Valenciana». Todo un disparate político.
El resultado es que se ha erigido un manual de agravios autonómicos que ningún Gobierno con dos dedos de frente está en condiciones de atender salvo que busque la autodestrucción del Estado. Aunque lo paradójico es que esa circunstancia se ha producido por la incompetencia de los propios gobiernos centrales a la hora de desplegar reformas de calado constitucional. Ningún sistema político -y mucho menos uno como el español con escaso pedigrí democrático- está en condiciones de aguantar que cada cuatro o cinco años las comunidades autónomas -mirándose unas a otras de reojo para ganar votos- presionen al Gobierno central para mejorar su financiación.
Es como si cada cierto periodo de tiempo el país se tumbara en el diván en busca de sus propias verdades económicas y territoriales.
