Abogada autónoma con dos máster a los que espera sumar en breve un doctorado en Derecho Internacional Público, Nuria González (Barcelona, 1981), se define como “activista feminista y por los derechos humanos” y “una tía normal”. También es la
presidenta de L’Escola, la entidad que en agosto del año pasado
denunció por la vía penal las devoluciones de 55 niños migrantes solos llegados a Ceuta en mayo. La causa obligará a la
delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta de
la Ciudad, Mabel Deu, a declarar el 1 de septiembre como investigadas por un presunto delito de prevaricación continuada.
–Su asociación es la que desencadena el proceso para exigir responsabilidades penales por las expulsiones exprés de menores solos marroquíes de agosto del año pasado. ¿Por qué da ese paso? – La gente de nuestra Junta Directiva se llevó las manos a la cabeza al ver en los medios lo que se estaba haciendo. Fue una denuncia bastante sencilla, pero contundente, sobre la violación que se estaba produciendo de la legislación y los acuerdos internacionales. La presentamos ante la Fiscalía de Menores de Granada, que inicialmente fue reticente a aceptarla y después resolvió que la competente sería la de Ceuta.
– ¿Qué pasó después? – La Fiscalía empezó a hacer diligencias. Tomó declaración a la delegada y la consejera, pero nosotros no habíamos señalado a nadie, simplemente denunciamos unos hechos que consideramos ilícitos. Solo meses después recibimos una copia de su denuncia al Juzgado y nos presentamos en la ciudad para personarnos como acusación popular.
–¿Ya lo han conseguido? – Nosotros no estamos para salir en la foto, sino para dar la cara, y en este caso somos parte desde el principio. La juez ha entendido que como no representamos a ninguna de las víctimas debemos aportar una ‘fianza bastante’ que no ha concretado... En Cataluña habitualmente en asuntos con entidades sin ánimo de lucro se solicita una cantidad simbólica de 100, 200 ó 300 euros.
–A la otra entidad que ha pedido personarse se le han pedido 1.500. ¿Podrían llegar a esa cantidad? – Nosotros tenemos el dinero que ponemos los socios porque no recibimos ninguna subvención, cero, y el resto de nuestros ingresos proceden de ‘Puntos Lila’ que organizamos de vez en cuando. La otra entidad [la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado] no se ha puesto en contacto con nosotros. Es importante que el
Juzgado entienda que nosotros no tenemos más dinero que el que ponemos cada uno.
– ¿Por qué cree que ninguna gran oenegé denunció penalmente aquellas devoluciones? – Nosotros contactamos con alguna, pero no quisieron. Hay muchas que reciben mucho dinero de organismos públicos e intuyo que no se quieren poner a malas con ellos.
–¿Qué es L’Escola? – L’Escola nació en México en 2015. Allí trabajamos sobre todo el tema de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y llegamos a formar el Observatorio sobre el Feminicidio y las Desapariciones Forzadas de la capital. Cuando regresé, en 2017, la montamos en España, donde nos estamos centrando en la abolición de la prostitución y los vientres de alquiler.
– La de Ceuta no es la primera denuncia con trascendencia que presentan – Nuestra acción política, social, se desarrolla sobre todo en los Tribunales, que es donde hay que defender los derechos humanos. Fuimos los primeros y únicos que denunciamos al Ministerio de Trabajo por la constitución del sindicato Otras [de trabajadoras sexuales], pero no para estigmatizar a las mujeres prostitutas. Sobre el tema de los vientres de alquiler tenemos tres, contra las empresas que se dedican a eso, contra los cónsules que inscriben a esos niños y contra una pareja que contó en TVE cómo se había sacado y entregado en Varsovia irregularmente un niño nacido en Ucrania. No es la primera vez que nos metemos en un proceso judicial grande. La diferencia con la de Ceuta es que ahí es la primera vez que la Fiscalía se pone claramente en nuestra línea desde el principio, aunque los otros también nos parecían clarísimos.
–¿No aprecia ningún viso de prosperar en la estrategia de defensa de Mateos y Deu? – No sé cuál es su estrategia de defensa... Por lo que hemos visto en el procedimiento ellas solamente dicen que lo hicieron bien. Creyendo que lo hacía bien mucha gente está en la cárcel porque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Si me pongo a hacer ciencia ficción jurídica se me ocurre que podrían decir que iban avaladas por alguien de más arriba...
– Interior ya se ha cuidado de lavarse las mano diciendo que sólo “rogó” que se hicieran los llamados ‘retornos asistidos’ – Y aunque no fuera así, porque lo cierto es que la última responsable era la delegada del Gobierno, dijera lo que dijese el ministro o cualquiera. Me parece evidente que en el mejor de los casos hubo un error importante de procedimiento y no entiendo por qué... Menores a Ceuta han llegado siempre. No sé qué querían ejemplificar con una acción tan contundente, pero sí creo que querían transmitir o comunicar algo. Es mi opinión, pero no se logró y se ha quedado muy mal. Fue, entiendo, una maniobra política que obvió los derechos de los críos.
– Pero muy aplaudida en Ceuta – Se está extendiendo ese discurso contra
‘los mena’, pero si nuestra sociedad no respeta ni a los niños, a quién va a hacerlo. La nuestra es una perspectiva muy jurídica. Nuestro activismo es: respete usted la ley. El Estado tiene que cumplirla o seremos uno fallido.