Entre tambores, policías y derechos

La manifestación de los parados que ampara el sindicato CCOO y que lleva realizándose desde el pasado febrero tuvo ayer su primera cortapisa después de hacerse efectiva una resolución dictada por el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, para controlar este movimiento. En la misma se alude a la obligatoriedad de los manifestantes de no cortar el tráfico rodado, como se estaba haciendo desde hace meses, obligando a los manifestantes a que protesten por las aceras. Dicha medida recalca además que la manifestación no podrá superar los 30 minutos y se especifica el cumplimiento que debe hacerse de las ordenanzas del ruido.
La resolución, que comenzó a ser aplicada ayer por la Policía Nacional, viene a recalcar que en modo alguno se “trata de una limitación de los derechos, ni coarta el derecho a la manifestación de estas personas”, se especifica desde la administración central. Una administración que, durante los últimos seis meses, ha permitido el desarrollo de la manifestación de parados sin cortapisa alguna, a pesar de recibir cuantiosas quejas de los ciudadanos por los daños colaterales que la misma provoca. Son precisamente esas quejas, resumidas en que los derechos de quienes reclaman un puesto de trabajo nunca pueden invadir los derechos del resto de ciudadanos a no verse atrapados en colapsos de tráfico, las que han motivado la resolución dictada por la plaza de los Reyes. “Se pretende corregir”, aclaran, “las disfunciones que se han detectado durante estos meses en los que nunca se ha coartado derecho alguno”.
La medida adoptada ayer, que se materializó en la primera norma que impone la Policía Nacional a los manifestantes, obtuvo una interpretación bien distinta desde el sindicato CCOO. Tal y como denuncia su secretario general, Juan Luis Aróstegui, la medida adoptada por Chacón no hace sino reflejar “un comportamiento fascista” de quien le está haciendo “el trabajo sucio a la derecha”. Asegura Aróstegui que lo hecho por Delegación no hace significar el uso de “un precepto legal” para cortar el derecho a manifestarse de los parados, “que son tenidos como delincuentes”. Según el comisionista la resolución remitida a CCOO y que será denunciada ante los tribunales se acostumbra a aplicar en casos de manifestaciones que puedan suponer un peligro de orden público sobre los bienes o las personas. “Es algo indignante que un socialista arremeta contra los intereses de los más débiles”, señaló.
El sindicato avala su protesta en el hecho de que en otras ciudades no se coarte el derecho a las manifestaciones, tratándose con “cariño y respeto” cualquier movilización ciudadana. Algo que no se cumple en Ceuta, “porque aquí no se está protegiendo el derecho del parado”.
Comisiones Obreras acatará desde ya la resolución nacida de la plaza de los Reyes, limitando sus salidas y evitando los cortes de tráfico pero acudirá a la justicia a modo de “reacción” ante “este hecho”. Un hecho que el propio Aróstegui añade a la lista de motivos existentes para “pedir que el delegado del Gobierno dimita”.
Lo defendido por el sindicato choca con una opinión pública quejosa con lo que está sucediendo ya que ve cortados sus derechos. El colectivo de taxistas, usuarios del automóvil y vecinos que se ven afectados por el recorrido de la manifestación han reiterado en cuantiosas ocasiones este tipo de marcha. “Nosotros sabemos de esas molestias”, reconoce Aróstegui, “pero hay que ser solidarios con este problema y aceptar estas protestas. Son los inconvenientes de vivir en comunidad. A mi tampoco me gusta que con nuestros impuestos se hagan enchufes o se lleven a cabo determinados gastos... pero los aceptamos porque esas son las reglas del juego. Hay que comprender lo que está sucediendo”, añade.
CCOO cuestiona el porqué ahora, en el mes de julio y seis más tarde de comenzar las manifestaciones, llega la resolución del delegado. “Es una clara desviación de poder. Si antes generaba los mismos problemas ¿por qué no se aplicó desde el primer momento?, ¿a qué viene aplicarla ahora? Salir a la calle es la única opción constitucional que tienen los parados para protestar y aquí lo que hace el delegado es quitarle esos derechos”.
Los propios protagonistas de estas marchas indicaron ayer a este medio que continuarán con las protestas pero esta vez modificándolas de acuerdo con lo marcado en la resolución oficial. La Policía Nacional hará valer que se cumpla. Por su parte la Ciudad ya había hecho un informe interno remarcando las críticas sociales al tipo de marchas estiladas hasta ayer mismo.