Hubo un verano, en tiempos de marquesados en la plaza de los Reyes, en el que salió a la luz una denuncia por el trato denigrante que los agentes marroquíes estaban dando a los subsaharianos en la playa. Quien se atrevió a denunciarlo fue la AUGC, después de que fueron varios los guardias que tuvieron que presenciar, desde su patrullera, cómo se las gastaban en el vecino país. Ése que ahora reforma su Constitución, da derechos al pueblo y hace que doña Trini se ponga eufórica y anime a que los votos de marroquíes en España sean factibles. Pues bien, de aquella denuncia poco se logró, salvo un hueco en prensa y una advertencia del Defensor del Pueblo. Los demás se limpiaron las manos diciendo eso de ‘es que está ocurriendo en otro país’.
Ahora a ese país le llamamos colaborador, y negamos una realidad que sigue produciéndose. Las agresiones se repiten y las entradas de subsaharianos que escapan para intentar tocar el mar y evitar el arresto del gendarme de turno dejan atrás los golpes -auténticas palizas- que se han convertido en un estilo de actuación policial.
Nos llenamos la boca con la defensa de los derechos humanos, acudimos a los foros europeos para hacer valer los términos de la solidaridad y de la atención a los necesitados; y nos enojamos con los modos y maneras que siguen países europeos blindando sus fronteras para evitar que les lleguen barcazas de inmigrantes aunque los mismos terminen muertos. En cambio no miramos aquí al lado, a pesar de tener constancia de lo que está ocurriendo, y dejamos en manos de una asociación de guardias -de esos a los que ahora se les ha quitado el derecho a la manifestación- el único apunte de crítica. Los intereses político-económicos hacen que el término dictador se emplee según convenga. ¿No lo hicimos con Gadafi?
