La magistrada del
Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta dejó visto para sentencia el
juicio seguido por amenazas y tenencia ilícita de armas contra dos personas. Por un lado M.B.H., conocido como ‘Canty’, a quien se le pide 2 años de cárcel por amenazas telefónicas a un policía en el transcurso del registro de su vivienda llevado a cabo en 2019. Junto a él figura como acusado I.M.A., ‘Piolín’, pero por un delito de tenencia ilícita de armas que reconoció y por el que Fiscalía solicita una condena de 9 meses de prisión al aplicarse la atenuante de dilaciones indebidas. Pena con la que su Defensa se conformó. Un acuerdo no extrapolable a ‘Canty’, quien negó haber amenazado a los policías que registraban su vivienda cuando le avisaron telefónicamente de que se estaban haciendo tales trámites. Negó haber manifestado expresiones como las de “hijos de puta, la habéis cagado, os voy a matar a todos, sé quiénes sois los encapuchados” y mucho menos haberse referido específicamente a uno de los agentes que estaba en la vivienda llamándolo por su nombre de pila para orientar sus amenazas directamente hacia él. No es lo que manifestaron los dos policías que prestaron declaración como testigos, quienes especificaron que cuando se estaba realizando el registro se profirieron esas amenazas e insultos, citando específicamente el nombre de pila de uno de ellos. Ambos agentes consideraron que dichas amenazas eran factibles de llevarse a cabo debido a los antecedentes que le constan al acusado en otros enfrentamientos con policías, algunos de ellos sin resolución judicial todavía. En su informe la Fiscalía solicitó la condena para ‘Canty’ oponiéndose, de ser ese el fallo, a una suspensión de la misma. Consideró que esas amenazas tenían una intención: materializarse en una acción contra el agente, sustentando ese pensamiento en otros incidentes graves que el acusado ha mantenido tiempo atrás con la Policía. “No hizo un discurso al sol”, argumentó la fiscal, sino que se dirigió a un agente concreto. La Defensa de M.B.H. sostuvo que en el acta firmada por el secretario judicial en la que se recoge lo ocurrido, se hace constar que se hizo una llamada con amenazas a la
Policía en general, no citando a un agente concreto. “Es un delito imposible”, argumentó, ya que toda la Policía de España sería la perjudicada. Insistió la Defensa en que esos incidentes anteriores a los que hace mención Fiscalía y la Policía no están resueltos judicialmente por lo que no pueden ser tenidos en cuenta para justificar la peligrosidad.
Los hechos que motivaron este registro
El 14 de febrero de 2019 se produjeron unos disparos que terminaron con una persona herida de bala. La Policía sospechó que M.B.H. podía tener algo que ver con este ataque por lo que se
autorizó una entrada y registro de su vivienda días después, al igual que en otras zonas. En la casa de I.M.A. se encontró una pistola, algo que este reconoce y asume; en la de M.B.H. fue donde no se encontró a este y se profirieron las amenazas; y hubo una tercera entrada en otra vivienda en la que el morador intentó escapar empujando a un policía pero sin éxito, al ser alcanzado al momento en plena carrera. La Defensa de M.B.H. planteó una nulidad que se resolverá en sentencia