Energía, una cuestión de Estado

La tremenda brecha social y energética que está provocando la desorbitada subida del precio de la electricidad es un hecho trágicamente palmario. También lo es que si bien toda la sociedad se ve afectada, directa o indirectamente, por estas subidas escandalosas, la población con menos recursos es quien más lo sufre en primera instancia, pero no nos llevemos a engaños, poder pagar el recibo de la luz no va a eximir a nadie de librarse de esta brutalidad.

Así, el drama no solo se está viviendo en muchos domicilios en los que poner la calefacción o utilizar un dispositivo eléctrico (lavadora o vitrocerámica) ya está siendo considerado como un artículo de lujo, sino que las grandes industrias ya se están viendo muy afectadas por el alto costo de la energía. Esta última circunstancia está provocando una “crisis en cadena”, ya que el incremento de los precios de la electricidad conlleva un aumento inaceptable de los costes y un encarecimiento de todo lo fabricado que, lógicamente, se traduce en una menor demanda con todo lo que ello conlleva. Algunas fábricas ya han tenido que reducir drásticamente su producción por el precio de la electricidad. El pasado 12 de octubre, la publicación digital “el economista.es” titulaba que la tonelada de aluminio español costaba tanto como la electricidad que lo producía. Dicho de otra forma, quienes dirigen las eléctricas tendrían el poder de cambiar el panorama económico de una nación. Las leyes del libremercado y de la Doctrina del Shock en estado puro...

La Francmasonería, como todo lo relacionado con la vida social, tiene mucho que decir a este preciso respecto por razones más que evidentes como vamos a exponer.

En 1943 se crea, en Francia, el Comité Nacional de la Resistencia (CNR) bajo los auspicios del General de Gaulle. En esencia se trataba, además de estructurar una resistencia armada, preparar un programa político que fuese aplicado por el gobierno libre tras la “Libération” de Francia de las garras nazis,

Si el mando supremo estaba en Londres con De Gaulle a la cabeza, en la Francia ocupada sería el francmasón Jean Moulin el encargado coordinador del CNR (señalar que Moulin fue detenido y falleció en 1943 tras las brutales torturas a las que fue sometido por la Gestapo). El propio CNR estaba integrado en su práctica mayoría por francmasones.

El programa del CNR propuso una batería de medidas innovadoras entre las que se encontraban la implantación de la seguridad social, pensión de viudedad y el seguro de desempleo así como el sufragio universal, entre otras cosas.

Para los integrantes del CNR, la autonomía del país era fundamental, tanto con respecto a otras potencias extranjeras como a los grandes capitales. Por ello se propuso, y posteriormente se materializó, la nacionalización de dos grandes bancos (Crédit Lyonnais y Société Générale) y de una compañía de seguros (AGF). Evidentemente, la cuestión de la energía ya se entendía como un tema crucial para el desarrollo de un país, y de ahí nacieron EDF (Électricité de France) y GDF (Gaz de France).

Los francmasones del CNR tenían claro que la independencia de una nación pasaba obligatoriamente por el control de la energía y así lo plasmaron en sus propuestas y en la historia. La idea era meridianamente clara: que la nación tuviese el control de los sectores estratégicos para nunca ser rehenes de intereses ajenos, o incluso contrarios, a los del país.

Muy posteriormente, llegaron las políticas ultraliberales basadas en la Doctrina del Shock para el desarrollo sin freno y sin medida del capitalismo salvaje. Desde la Unión Europea, la nueva doctrina económica importada de los EE.UU. y del FMI propició que los Estados fuesen abandonando las empresas nacionalizadas, como las relacionadas con el sector energético.

De aquellos polvos, estos lodos.

Bueno será apuntar que, hace apenas 30 años, esta situación no se habría tolerado, ni tan siquiera su insinuación se habría soportado. Eran los tiempos en los que lo público era intocable y áreas tan cruciales como la energía, la educación, la sanidad, la seguridad y los servicios públicos en general eran gestionados, protegidos y potenciados por el estado de bienestar de la ciudadanía.

Ahora, España y los países de la Unión están sufriendo el abordaje desenfrenado de las compañías eléctricas que, sin ningún tipo de control efectivo, están condenando a una buena parte de la población a la pobreza energética y a una crisis en cadena, como se aludía más arriba de la que, desgraciadamente, no van a ser ajenos las pequeñas empresas, los pequeños comercios y los autónomos.

Por ello, y vista la deriva que está provocando el hecho de que los Estados no tengan el control de estos sectores tan cruciales, volvemos a propugnar lo mismo que se defendió en 1943, a saber, el control del sector de la energía por parte del Estado. Esta medida permitiría un coste racional de la electricidad que, sin tener por qué dejar de ser competitiva, no basaría exclusivamente su existencia en una cuenta de resultados aún y a pesar de perjudicar los países.

Evidentemente, esta forma de pensamiento y de actuación llevaría a cambiar la línea filosófica y política de la propia Unión Europea que, dicho sea de paso, volvería a la esencia de para qué fue creada.

Algunos no tardarán en tildar estas opiniones de utópicas, pero lo que los francmasones tenemos claro es que la utopía consiste en pensar que un país se puede desarrollar libremente siendo presa de las grandes megacorporaciones cuyos únicos objetivos son los de acumular beneficios económicos que, por lo que ha aparecido en prensa en reiteradas ocasiones, acaban tributando esos mismos beneficios en los paraísos fiscales dejando muy poco a la sociedad de la que se nutre.

Para las y los francmasones, la energía es, pues, una cuestión de Estado y a las evidencias nos remitimos.

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