“En ocasiones, en Justicia ha habido agravios comparativos con Ceuta”

Bajo una ponencia titulada La instrucción en el futuro proceso penal, el Fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Jesús García Calderón, intervino ayer en el día inaugural de la cuarta edición de las Jornadas Jurídicas. Amante de la literatura, escritor y experto en la materia del Derecho, atendió a El Faro.
–Usted que acaba de llegar procedente de la península, tengo entendido que las Jornadas Jurídicas de Ceuta están haciéndose un hueco prestigioso...
–Así es, son reconocidas como una de las iniciativas más sugerentes que hay en el panorama de la reflexión del sistema judicial de España. Confío en que se mantengan en el futuro pero con el nivel actual. Para la ciudad son importantes, para nosotros también porque constituye una actividad académica necesaria y saludable, por eso hay que apoyarlas. La cultura, y el Derecho es cultura, es una forma muy adecuada para combatir la crisis, esto no se puede olvidar, así como que la inversión en Justicia merece la pena porque es una inversión de futuro.
–¿Cómo aprecia la situación de la Justicia en Ceuta? ¿Qué papel desempeña la Fiscalía en una ciudad que registra una cantidad de casos tan copiosa?
–La Fiscalía se vio muy beneficiada por la creación en 2007 de la Fiscalía de Área, en la que estuvo muy presente la Ciudad Autónoma. Cuando tuve la oportunidad de reunirme con la Fiscalía General, cuando participamos en algunas reuniones al respecto, yo siempre recordé la particularidad de Ceuta y Melilla y la necesidad de que contaran con una Fiscalía propia. En gran medida se adelantó pues se crearon las Fiscalías de Áreas teniendo en cuenta las realidades específicas de las dos ciudades autónomas. El balance es positivo, pero lo que ocurre es que tenemos carencias materiales y personales que son inaceptables que deberían ser corregidas y así lo viene denunciando el Tribunal Superior de Justicia en los últimos años y por supuesto la Fiscalía Superior, que en todas sus memorias ha puesto de manifiesto que debemos dotar adecuadamente a cada oficina de medios que no tienen ahora. En Ceuta, los espacios de los que se disponen no son adecuados, deberían haber espacios más apropiados a la función que se desarrolla. La escasez presupuestaria no siempre es un argumento válido y en ocasiones se ha vivido un agravio comparativo con Ceuta que debería desaparecer.
–¿Puede satisfacer la Fiscalía el trajín que provocan tantos casos de tiroteos y de tráfico de droga?
–La Fiscalía da una respuesta suficiente y adecuada y mantiene criterios muy razonables en la lucha contra la forma de criminalidad más endémicas de la ciudad, como el tráfico de drogas o los delitos contra la vida que me menciona. Los criterios que se manejan son proporcionados, atienden bien a las circunstancias que se dan en cada caso, hecho que ocurre también en la sección de la Audiencia, que conozco bien. No tenemos ninguna crítica que realizar, lo que ocurre es que la lucha contra esta forma de criminalidad no es fácil y no siempre se obtienen todos los resultados que se quisieran. Dentro de sus competencias, el Ministerio Fiscal procura atender las solicitudes de la Policía Judicial y creo que actúa de manera muy correcta.
–¿Cuáles son las claves de la instrucción en el futuro proceso penal?
–El asunto es arduo pero le diré que tanto en el anteproyecto que preparó el Gobierno socialista, cuando el ministro era Caamaño, como este Gobierno que ha preparado Ruiz Gallardón, coinciden fundamentalmente en que la instrucción la tiene que llevar el fiscal, esto es un hecho axiomático, inevitable, somos una rareza, de ahí que España tenga que homologarse con los países de nuestro entorno. Quizá ahora sea el momento de abrir un debate público suficiente para limar las pequeñas discusiones que tenemos sobre asuntos como hasta dónde tiene que llegar la capacidad del fiscal para archivar una investigación, cuales deben de ser las formas de control que se llevan a cabo por el Tribunal de garantías o las formas internas de control que establezcamos porque la instrucción por el fiscal tiene que venir acompañada de un incremento de su imparcialidad. Estos son debates que debemos establecer y que se han de llevar a cabo primero en el ámbito dogmático del estudio Penal y Procesal y luego en el Parlamento pero es fundamental que acabemos con este abismo cronológico de utilizar una Ley de 1882, un despropósito que tiene que corregirse de manera urgente.