En lo que va de año han desahuciado a ocho ceutíes más que en todo 2011

En cuatro años el porcentaje ha aumentado en un diez por ciento y hasta octubre de 2012 el número de lanzamientos judiciales es de 39 de 77 solicitudes mientras que el año pasado fue de 31 de 75 En pleno debate a colación de la legalidad o no de la normativa española sobre desahucios, agravado por el trágico suicidio de una mujer en Barakaldo cuando la comisión judicial iba a proceder a desahuciarla de su vivienda (un caso idéntico al sucedido hace menos de veinte días) y por el dictamen elevado por la Justicia europea que señala sin paliativos la ilegalidad de la citada normativa, en Ceuta con una frecuencia cada vez mayor se suceden episodios de familias que han de dejar su hogar e irse literalmente a la calle, a vivir debajo del puente o a pasar las noches en un banco a la intemperie.
De hecho, según datos oficiales judiciales a los que ha tenido acceso 'El Faro', el porcentaje de desahucios en nuestra ciudad en cuatro años ha aumentado en un diez por ciento, circunstancia que deriva de la feroz crisis económica que atraviesa el país.
De tal modo, y entrando en datos específicos, se puede comprobar que en lo que va de año, contabilizado hasta el 31 de octubre, se han ejecutado 39 lanzamientos judiciales mientras que a la espera de realizarse la misma operación quedan otras 38, puesto que el número total de solicitudes alcanza las 77 viviendas y/o familias.
No obstante, en este sentido, cabe especificar dos aspectos, siendo el primero de ellos el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en la península en la mayoría de casos de desahucio, en Ceuta de los 39 lanzamientos, 35 han sido mediante un régimen de arrendamiento, es decir, que el inquilino en cuestión se ha visto obligado a entregar las llaves al no poder hacer frente a la mensualidad acordada en un principio, mientras que las cuatro restantes han sido decretadas por orden específica (e igualmente tajante) de una entidad bancaria, acción que se denomina ejecución bancaria, mucho más común en la península que en Ceuta.
El segundo de los aspectos que hay que tener en cuenta es que de los lanzamientos referidos, es decir de los 39 que ya se han ejecutado y de los 77 solicitados en 2012 en nuestra ciudad, no se incluyen aquellos que atañen a viviendas que pertenecen al Ministerio de Defensa, que en Ceuta registra más del doble de casos que la media nacional.
Los datos a los que ha tenido acceso 'El Faro' reflejan también que en lo que va de año ya son ocho familias más las que han tenido que dejar de manera obligada y drástica su vivienda que respecto a todo el año pasado, en las que se ejecutaron 31 un lanzamiento, de 75 solicitudes (hasta final de octubre son ya 77 las solicitudes contabilizadas).
Asimismo, y toda vez que las fuentes oficiales de Justicia consultadas estiman que en cuatro años se ha experimentado un aumento del diez por ciento en casos desahucio, se concluye que en 2008 el número de ceutíes que se vieron en la tesitura de abandonar sus viviendas sí o sí fueron 35 de una solicitud de 70, lo que marca cómo la tendencia negativa se ha acentuado considerablemente en escaso periodo de tiempo.
El aumento de litigios que se han dirimido, vía juicio oral, en las salas bien de lo Penal número Uno, bien de lo Penal número Dos, también han experimento un notable ascenso en los últimos meses.
En este sentido cabe destacar que, en buena medida y en base a lo que aún recoge el Código Penal Español (el desahucio exprés impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón puede que modifique la situación), los magistrados jueces suelen, en conformidad con Acusación Particular, Defensa y Ministerio Fiscal, conceder un período de diez o quince días para que aquellas personas que deban dejar sus viviendas (ocurre lo mismo con los 'okupas') tengan el citado período para abandonar sus pisos, un escenario cada vez más común en la España de 2012.

El desafío: El SUP apoyará al agente que se niegue a ejecutar un desahucio
Mientras llegue un nuevo episodio y se pueda ver cómo actúa el policía en cuestión, los casos se suceden, como el de Yamal

Más leña al fuego. En este caso echada a última hora de la tarde, en concreto a las 19:21 horas, a cargo del secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, quien a través de su cuenta personal del portal 'Twiter' publicó que "el compañero que se niegue a realizar una orden de desahucio, tendrá garantizado el sueldo y la mejor defensa jurídica por el SUP, sea o no afiliado".
De tal modo, el sindicato echa un pulso al Gobierno de Mariano Rajoy y específicamente a uno de los ministros que están pasando menos desapercibidos desde que jurara su cargo, Alberto Ruiz Gallardón, como máximo responsable del Ministerio de Justicia
Mientras que un nuevo caso de desahucio se ordene por orden judicial, y por ende se pueda observar la actuación (o no) del agente que se encuentre de servicio, en nuestra ciudad se siguen viviendo episodios de desahucios, como el que a continuación se expone.
La mirada vidriosa perdida en el horizonte, el pulso tambaleante, la emoción a flor de piel y la inmensa pena de saberse el padre de una familia abandonada a la frialdad de las calles vacías, perdida ya la casa por lanzamiento judicial. Éste es el retrato de Yamal S., vecino de Hadú, quien pide (suplica) ayuda "porque somos personas y no animales abandonados".
Acaba de pasar la noche en un banco, en plena calle, sin poder pegar ojo, de aquí para allá y sin asimilar que se ha quedado sin casa; a su mujer, inválida por una irremediable lesión en la cadera, y a sus tres hijos, de ocho,siete y tres años la pequeña, los ha enviado como ha podido a la casa (paupérrima, según indica) de un pariente lejano a las afueras de Tetuán.
"Todo ha sido muy rápido", acierta a decir, "de repente me vi metiendo los muebles, la ropa, la comida en una furgoneta". Tiene razón, visto y no visto, porque el pasado miércoles (7 de noviembre), agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado tocaron, a las 10:30 horas, la puerta de una finca sita en la calle López Utor, y le obligaron a un inmediato desalojo del inmueble, toda vez que se había dado luz verde legal a un desahucio motivado por impago de alquiler.
"Dos años hacía que vivíamos allí, gracias a una ayuda del Estado pero la subvención nos la han retirado y yo llevo cuatro años en paro, buscando trabajo como un loco y nadie me contrata y también me han quitado ayuda del Plan Prepara", cuenta. De tal modo, Yamal indica que "soy un hombre honrado, que puedo trabajar en lo que sea, que confíen en mí, que mi familia está en juego porque si no me van a obligar a hacer algo que no me gustaría nada", concluye, desesperado por ser uno de los 39 ceutíes desahuciados por orden judicial en lo que va de año.

No más desahucios injustos. Esa es la base de la única forma desde la que puede cambiarse la ley al respecto: una Iniciativa Legislativa Popular a la que ya se han adherido 1.200 ceutíes. La Mesa del Congreso ha admitido la prórroga de la ILP y por lo tanto se amplía el plazo de recogida de firmas hasta el 25 de enero de 2013. Una buena noticia para la Red Europea contra la Pobreza que trabaja en Ceuta que unió el pasado mes de marzo y sindicatos y asociaciones vecinales para luchar en conjunto contra el drama del desahucio. Hay que incrementar la cifra y aún pueden adherirse los que no lo han hecho en la sede de EAPN en la Calle Menzoda nº 1, o ponerse en contacto con ellos a través del correo electrónico ceuta@eapn.es para informar de todos los lugares donde aúns e están recogiendo firmas. La iniciativa tiene por objeto poner en marcha varias medidas para frenar la situación. Se propone la dación en pago con efectos retroactivos, esto es, entregar la vivienda a la entidad financiera con la que se tiene la hipoteca a cambio de quedar libre de toda deuda. Son muchas las personas que se han quedado en la calle y que encima de no tener nada, acumulan deudas y quiere ponerse freno a lo que muchos consideran es completamente injusto. Se pretenden además paralizar los desahucios siempre que se trate de la vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a la propia voluntad. La iniciativa también tratará de que el afectado tenga derecho a seguir residiendo en la vivienda pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos mensuales por un período de 5 años. EAPN anima a seguir participando porque esa es la mejor manera de manifestar el desacuerdo con la actual ley y recuerda que también puede firmarse por internet.