“En el horizonte del Cermi está combatir el agravio económico que supone una minusvalía”

Luis Cayo Pérez Bueno, 49 años, es el presidente del Comité español de representantes de personas con discapacidad (Cermi), y visita hoy Ceuta para hacer la labor que siempre hace.

Ser una voz incesante que recuerde a los políticos la necesidad de  tener en cuenta a los discapacitados porque, defiende, no podemos permitirnos el lujo de no contar con ellos. Una premisa que defiende activamente desde hace unos diez años que lleva en el Cermi, habiendo pasado por diferentes cargos de responsabilidad. Hoy visita Ceuta, en la que llevará a cabo una apretada agenda.

–¿Qué espera de su visita a la ciudad?

–Será un día intenso, ya que al principio nos reuniremos con los representantes del Cermi de Ceuta para poner en común posiciones. Después continuaremos con el delegado del Gobierno en Ceuta y con el Gobierno en Ceuta, a quienes trasladaremos las inquietudes de los representantes del Cermi. Además, dadas las circunstancias especiales de Ceuta en cuanto a competencias, esperamos tender puentes con la administración central

–¿En qué sentido?

–Muchas competencias dependen aún directamente del Estado, por ejemplo en salud y en educación. Nosotros tenemos una relación muy fluida con los ministerios, y podemos facilitar que las reclamaciones de Ceuta y Melilla lleguen antes a Madrid, además con nuestro apoyo. Por ejemplo, sanidad depende todavía del IMSERSO, cosa que no pasa en las comunidades autónomas.

–¿Cuál es la situación de Ceuta a nivel nacional?

–No es, ni mucho menos, de los peores sitios. Precisamente, uno de los problemas es que existen verdaderas desigualdades dependiendo de en qué comunidad autónoma viva uno, y deberíamos garantizar que no fuera así.

–¿Por qué en Ceuta hay mayor índice de discapacidad que en otros lugares?

–No lo sabemos. En el año 2009 el INE hizo un estudio que llevaba diez años sin hacerse, una radiografía de la discapacidad en España, y volvió a salir ese dato. Por eso, en cuanto firmemos un convenio con el Ministerio, comenzaremos un estudio cuyos resultados esperamos presentar en diciembre. Es algo específico y necesario para conocer con cierto detalle algunos aspectos. Esperemos que las conclusiones nos sirvan como argumento ante las administraciones.

–¿Son receptivos ante su mensaje los políticos?

–Es cierto que a veces tienes que recordar a los políticos que representas un 9% de la población. La parte buena es que a nivel discursivo todos son ya conscientes de la necesidad de integrar y proporcionar una vida normal a los discapacitados. Es un sector social que históricamente ha estado orillado, y no pretendemos pasar de la nada al infinito, lleva su tiempo.

–¿Cuánto?

–El proceso de maduración es largo, creciente, paulatino, pero firme. Desde que surge una medida que pueda significar un cambio legislativo hasta que esa ley se comienza a ver en la realidad no pasan menos de cuatro o cinco años. En el camino has tenido que convencer a partidos, políticos, parlamentarios, y después tiene que publicarse en el BOE. Estamos acostumbrados a la paciencia.

–¿Huyen de usted los políticos?

–A veces hacen la broma, porque somos muy insistentes, en el sentido de que ya viene éste a pedir algo.

–Una vez conseguida la Ley de Dependencia, ¿les satisface?

–Ha sido un gran avance, aunque hemos tenido que ceder. Por ejemplo, hubiéramos preferido que se llamara ‘Ley de Autonomía Personal’, para poner el acento en la persona. El problema es que se han creado 17 sistemas y aspectos que no terminan de cumplirse dependiendo de dónde viva cada uno. Pero ha supuesto un logro, al considerar que los derechos de los discapacitados son universales y subjetivos, y no algo graciable y sujeto a la disponibilidad del Estado.

–¿Quizá sería mejor pedir que se cumpliera la ley antes que hacer una nueva?

–Mi formación tiene que ver con el Derecho, y por ello a veces podría sentirme tentado a buscar más normas. Pero es cierto que en España existe una inflación normativa, y no es como en otros países, donde hay muchas menos leyes pero se cumplen a rajatabla.

–Además de luchar por el cumplimiento de esta ley, ¿dónde tiene puesto su horizonte el Cermi?

–Existen varios. Uno de ellos es el agravio económico que supone la discapacidad. Está comprobado que para acceder a una guardería, para el transporte, o para actividades de ocio como ir al cine, tener una minusvalía encarece el coste hasta en un 40%. Para paliarlo, habría que considerar en un futuro ciertas medidas de compensación, como pudiera ser un IVA reducido o ciertos beneficios fiscales. Al cubrirse las necesidades básicas, aparecen otras relacionadas con el ocio.

–¿Cuáles, por ejemplo?

–Internet y las redes sociales. Facebook, que ni siquiera es español, no es accesible dependiendo del tipo de discapacidad que uno tenga. Esto genera una marginación social contra la que debemos luchar, y así lo intentaremos.