Emvicesa ha sacado a licitación otra vez por un escuálido presupuesto de 150.000 euros al año los trabajos de mantenimiento de su parque de
viviendas en Ceuta, que actualmente suma más de 1.200 casas, con lo que la adjudicataria de las tareas apenas dispondrá de poco más de 100 euros para las labores que deba acometer, una cantidad muy lejos de las necesidades reales, según han advertido los propios técnicos de la sociedad municipal, ya que únicamente alcanza para “reparaciones sin opciones para los trabajos de mantenimiento”.
El volumen de inmuebles a atender se verá sensiblemente cortado cuando culmine el proceso de regularización de 700 viviendas de Juan XXIII; Príncipe Felipe y Juan Carlos I que la Consejería de Fomento puso en marcha formalmente en agosto, pero que exigirá un procedimiento administrativo largo antes de que se proceda a fijar precios de venta o alquiler con opción a compra que permitan sacarlas del patrimonio de la administración local.
Antes de que eso suceda la empresa pública deberá llevar a cabo “las actuaciones de identificación de los ocupantes de las casas a través del análisis de contratos de suministro, empadronamientos, etcétera”. Los ocupantes de las casas deberán aportar información relativa a por qué y en base a qué están en ellas y desde qué fecha constituyen su domicilio habitual, así como ingresos...
La disponibilidad económica solo alcanza para hacer “reparaciones”
También está pendiente despejar, por ejemplo, la situación de las 225 VPO de
Loma Colmenar, casi todas vendidas en acceso diferido a la propiedad.
Mientras eso sucede, el listado de viviendas que está obligada a mantener Emvicesa se eleva a unas 1.210 viviendas, de acuerdo con el último recuento. La sociedad recibirá ofertas hasta el 5 de diciembre para conseguir una adjudicación que contempla dos años de prórroga.
Durante los últimos ejercicios esta externalización no ha dejado de dar problemas. El contrato actual se firmó el 1 de febrero, pero según los informes técnicos “su ejecución se inició algunas semanas después, cuando el contratista realizó los trámites a seguridad y salud correspondientes, algo que ha supuesto en la práctica un retraso de hasta ocho meses para poder atender las solicitudes recibidas y realizar los trabajos correspondientes” aunque estos fueran de carácter “urgente”.
En contratos anteriores la cosa “no fue mucho mejor”, han alertado los técnicos, que recomendaron “iniciar el procedimiento de contratación” que se acaba de activar “cuanto antes” para “evitar que esas situaciones se repitan, así como prever la prórroga del contrato vigente hasta que comience la ejecución del nuevo, si es posible, o prever una o varias del que se realice”.
Entre 2006 y 2013 los trabajos de mantenimiento y reparación se realizaban con un contrato de obras por 200.000 euros. Entre 2014 y 2019 osciló entre apenas 18.000 y 185.000, según la anualidad, y las dos últimas se había estabilizado en 150.000 por ejercicio.