Un particular asegura que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, le trasladó que el cupo para minusválidos en Loma Colmenar sería del 3%, es decir, seis casas, una cifra avalada por el Defensor del Pueblo en este caso.
A.A.B., vecino de Benzú, está indignado por el proceso de adjudicación de las 225 viviendas de protección oficial de Loma Colmenar. Pese a los escritos remitidos tanto a Emvicesa, la emprea municipal de vivienda, como a la Ciudad Autónoma, continúan sin resolver sus dudas a propósito del cupo de casas reservado para personas con discapacidad (movilidad reducida) y sobre la falta de publicación de los adjudicatarios de las mismas, asegura este particular.
El residente en la barriada solicita que la resolución adoptada para conceder las viviendas del cupo sea publicada en el tablón de anuncios de Emvicesa para el “conocimiento de todos los ciudadanos”, en sus palabras. La Gerencia señaló que ha destinado los cuatro domicilios que dictamina la ley a tres personas con un 80 por ciento de discapacidad y una cuarta con un 77, según aprobó la Comisión Local de la Vivienda. Estas personas están dentro de los grupos de realojo, ruina inminente y de Servicios Sociales que reunían los requisitos.
Esta persona ya fue adjudicataria de una VPO, como reconoció él mismo, aunque cedió su uso y disfrute a su ex mujer e hijos, y presentó su solicitud ante el Registro General para esta promoción, la cual no se ha podido atender, puntualizó Emvicesa.
Este particular explica que mantuvo una audiencia con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, en la que abordó con el máximo representante del Ejecutivo local el porcentaje para personas con discapacidad “según la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, BOE número 50, en su artículo 99 sobre cupos especiales de reserva”. Según este vecino de Benzú, Vivas le trasladó que el porcentaje de cupo para las personas con discapacidad es “no inferior al tres por ciento”, el “mismo que en Cataluña”, concluyó.
Sin embargo, A.A.B., en contactos con la Gerencia de la empresa municipal, asegura que le comunican que va a realizar una “reserva de cuatro viviendas”, un cálculo “equivalente al 1,8 por ciento de las 225 VPO en Loma Colmenar”. Añade, “si la Ciudad Autónoma, según su presidente Jesús Vivas, dice que es un tres por ciento como mínimo esa reserva, eso equivale a seis viviendas de esas 225”, según figura en un escrito entregado en Emvicesa a 30 de diciembre de 2009.
El Defensor del Pueblo, en relación a la queja elevado por A.A.B. a esta instancia en relación a su pretensión de que en esa promoción de 225 viviendas se destine el tres por ciento para personas con discapacidad, la Alta Institución informó de que ha venido realizando “diversas investigaciones con el fin de que se modifique la legislación actualmente vigente sobre acceso de personas con discapacidad a una vivienda digna, ya que se considera que estas acceden con más dificultad a los bienes y servicios que en principio han de encontrarse al alcance de cualquier ciudadano”.
La empresa municipal aporta el real decreto 355/1980 para argumentar que la promoción pública en la parcela C-4 del plan parcial de Loma Colmenar se ajusta a la siguiente proporción: para promociones de 33a 66 casas que se construyan, una de ellas es para discapacitados, para menos no existe obligatoriedad; en aquellas que incluyen de 66 a 100, dos; de 100 a 200, tres; y luego se suma una por cada 250.
La Alta Institución se dirigió al Ministerio de Vivienda para hacerle saber los “problemas generalizados que tienen los ciudadanos con la carestía de la vivienda, falta de financiación adecuada o calidad, y que las personas discapacitadas también tienen los de ausencia de condiciones de accesibilidad”. A.A.B. critica que la legislación al respecto data de principios de los 80 y el Defensor del Pueblo apunta a que el “largo periodo de tiempo transcurrido hace ineludible modificar la previsión legal”. El vecino de Benzú lamenta que en comunidades como Cataluña o Castilla La Mancha se aplique una legislación del siglo XXI y en Ceuta una normativa del siglo XX, en sus palabras. El ceutí expone que vive en 20 m2 con su hijo recién nacido, esposa, suegra, cuñada y necesita una nueva vivienda.
