Los empresarios pidieron al Gobierno no encargar más obras a la empresa Tragsa

La Ciudad Autónoma ha tomado una decisión definitiva en relación con la empresa pública Tragsa. Y esta decisión se centra en que no firmarán más órdenes de adjudicación a la misma para la realización de distintas obras que serán licitadas. Este acuerdo se tomó después de una petición realizada tanto por la Confederación de Empresarios de Ceuta como por la Cámara de Comercio.

Los dos organismos empresariales le hicieron ver al equipo de gobierno presidido por Vivas que durante la última legislatura, el gran número de obras que comenzó a realizar y que sigue realizando la empresa adscrita al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente perjudica claramente al empresariado de nuestra ciudad. Sin embargo, siempre el Gobierno había manifestado que no era cierto ese perjuicio, ya que entendía que ante cualquier licitación al final son las empresas radicadas fuera de Ceuta las que terminaban ganando el concurso, mientras que con Tragsa, dado que la misma tenía que subcontratar distintos trabajos, en la mayor parte siempre eran con empresas relacionadas con la construcción de nuestra ciudad.

Ahora mismo es un camino que se ha iniciado y que ya no tiene retorno.

De ahí que las dos primeras obras que se pensaban adjudicar a Tragsa en estos últimos meses, como son las de una nueva fase de asfaltado de las calles de nuestra ciudad como el cambio de las losetas resbaladizas del Paseo del Revellín hasta Plaza de los Reyes se han enviado al negociado de Contratación para que se realice una licitación clásica.

Hay que recordar que los grupos de la oposición llegaron a sacar una sentencia del Tribunal Económico Administrativo Central que condenaba a la Generalitat valenciana por no haber licitado una obra y decidir su entrega a Tragsa.

Fueron los primeros momentos de la presente legislatura y entonces la consejera de Fomento y Medio Ambiente, Kissy Chandiramani, llegó a decir que contaban con un informe de la Abogacía del Estado que defendía la posibilidad que tenía la Ciudad Autónoma siempre que el trabajo estuviera encuadrado dentro de las competencias que tiene Tragsa o su filial Tragsatec.