Que Ceuta necesita un albergue es algo en lo que están de acuerdo Gobierno y oposición. Que en pleno 2026 todavía haya personas durmiendo en soportales, buscando cajeros abiertos o incluso tumbándose en marquesinas porque no disponen de hogar es una vergüenza.
La licitación para su adquisición quedó desierta ante la falta de ofertas. La propia consejera Nabila Benzina negó en anterior sesión plenaria que el procedimiento estuviera paralizado, defendiendo todo tipo de gestiones para conseguir que, más pronto que tarde, haya unas instalaciones en las que personas sin hogar recuperen, en parte, su dignidad.
Reconoció que se estaban analizando todas las opciones legales posibles, contándose con Procesa para constatar los trámites, plazos y el control de los fondos europeos, evitando así la pérdida de cualquier tipo de financiación que imposibilitaría llevar a cabo el proyecto.
“No vamos a anunciar un calendario ficticio porque los técnicos deben elegir la vía más segura. Ha ocurrido una contingencia, que puede pasar”, reconoció la propia Benzina.
El propio consejero, Alejandro Ramírez, también dejó claro en una comparecencia oficial posterior a esa sesión plenaria la existencia de dos alternativas claras para sacar adelante el albergue: la adquisición directa o el procedimiento negociado sin publicidad, destacando que esta última vía permite agilizar los plazos dentro del marco legal.
Pues bien, ya hay algo más una posibilidad o un pensamiento en futuro para que Ceuta tenga un albergue, después de que una empresa haya registrado de manera oficial ante los órganos competentes escritos formales sosteniendo su solvencia.
Ha mostrado su interés en ofrecer un inmueble completo y equipado, invocando expresamente la vía del procedimiento negociado sin publicidad conforme al artículo 168 de la Ley de Contratos del Sector Público, tras el fracaso de la licitación abierta.
La empresa se ha dirigido a la Consejería de Economía para presentar una solución “integral de puesta en marcha inmediata”, tal y como consta en la documentación conocida por El Faro.
Esa disponibilidad comprende tanto la propia infraestructura del inmueble como la totalidad del mobiliario técnico y asistencial requerido en el pliego de prescripciones técnicas.
“Viene a asegurar un albergue operativo en el menor tiempo posible tras su adquisición, dada la necesidad de salvar los fondos europeos destinados a ese fin”, se recoge en esa documental presentada que ya conoce la Ciudad Autónoma.
El proponente aporta la documentación técnica y de solvencia que motivó la exclusión de los anteriores licitadores, lo que dejó bloqueado la disposición de un albergue.
Los fondos europeos son gestionados por la propia Procesa, pero están sometidos a plazos concretos que exigiría una pronta reacción de la Consejería responsable.
En los últimos meses se han publicado varias cartas de ciudadanos denunciando y exigiendo la disposición de un albergue, además de publicarse casos de personas sin hogar que están durmiendo en la calle.
Partidos políticos han afeado a la Ciudad que no se disponga de esta infraestructura para dar asistencia básica como comida, un techo y aseo a quienes pernoctan a la intemperie. Los recursos asistenciales que hay hoy en día no permiten garantizar la atención a todos los casos concretos conocidos y que, incluso, se han publicado en los medios de comunicación.
El pliego inicial del contrato que no salió adelante exigía un edificio con una superficie mínima de 600 metros cuadrados. La intención era que fuese ubicado en las cercanías de la sede de la Conserjería de Asuntos Sociales para facilitar la colaboración entre ambos servicios.
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