La negociación del convenio de los trabajadores de Autobuses Hadú-Almadraba está “muy estancada”. Esta es la valoración que realiza su director gerente, Manuel Cuéllar, quien considera que la Asamblea dio al comité de empresa “la llave de la subida de tarifas” y este órgano ahora está “presionando” a la patronal. La concesión a la plantilla que Cuéllar percibe en la
decisión adoptada en el último Pleno ha supuesto que los representantes de los trabajadores “están subiendo sus pretensiones sin garantía de paz social para 2019”. Aunque en un principio parecía que el convenio avanzaba hasta cierto punto, anoche los flecos que quedaban pendientes hicieron saltar por los aires la negociación, incidió Cuéllar, “porque es una barbaridad lo que piden”. El comité de empresa tiene detrás a un grupo de trabajadores “muy belicosos” que entienden que tienen “la sartén por el mango y hay que estrujar todo lo que se pueda”, ha lamentado el director gerente, quien afirma que está dispuesto a renunciar a la subida de tarifas aprobada en la última sesión plenaria que se materializaría en enero de 2019 sujeta a que las partes alcanzasen un acuerdo para el convenio. Algo que parece estar cada vez más lejano. Esta marcha atrás, añadió, él se la “agradece” a la Asamblea. Pero, ¿qué esta sumando ahora el comité de empresa al acuerdo alcanzado en agosto? La subida, equivalente a una equiparación en torno al 3,3 por ciento, ya no es la de antes, desveló Cuéllar, se va al 4,5 por ciento retroactivo desde enero de 2018. Hasta ahí, la patronal lo aceptó aún a sabiendas de que supondría un esfuerzo, pero había dos opciones: la primera, la aprobación del convenio de 2018, que ya está acabando, y seguir en 2019 negociando de nuevo “con una cierta conflictividad, más sabiendo ellos que hay unas elecciones de por medio”; y, la segunda, hacer 2018 y 2019 juntos. La empresa se comprometía a hacerse cargo, en 2019, de todo aquello que la plantilla pide sobre equiparación de los dos grupos salariales y que les daría el dos por ciento. La propuesta del comité de empresa, valoró Cuéllar, son desproporcionadas porque saben que será el IPC más un punto pese a conocer que estará por encima de un dos por ciento. “Todo lo que ellos creen que no han ganado en estos años atrás, lo quieren sacar éste porque tienen la fuerza en la mano”. Pretenden más días de asuntos propios, un plus para los inspectores que se traduce en 148 euros, otro plus de convenio que conlleva 115 euros más y hasta “están intentando vincular a la negociación un archivo de un expediente disciplinario abierto hace ya 20 días y están apurando la entrega de la contestación que tienen que dar hasta el último día”. En definitiva, el comité de empresa está pidiendo “un imposible” que se traduce en “una pasta”. En su última reunión, esta misma semana, la patronal sí aceptó la equiparación pero no pasan por los días de asuntos propios ni por los pluses “que quieren unir”. “Solo les ha faltado por pedirnos los moscosos de los funcionarios”, concluyó. Este desencuentro parece abocar al servicio de autobuses urbanos a la huelga convocada por el comité de empresa desde del próximo 10 de diciembre. “Eso depende de ellos –los trabajadores–“, puntualizó el portavoz de la concesionaria, “nosotros hemos puesto todo lo que hemos podido sobre la mesa. Lo que no se puede es dar más, no se pueden aprovechar de lo que les ha otorgado la Asamblea”. Cuéllar se sintió “muy decepcionado” con los argumentos que escuchó de algunos diputados en el último Pleno. “No creí yo que fuesen capaces de recriminarnos que una empresa privada tenga un mínimo de beneficios”, lamentó el director gerente, quien interpreta que se trata de una forma de “machacar a una empresa” porque la subida de la tarifa “no sirve para nada, solo para compensar a los trabajadores”. En la sesión plenaria salió a relucir, recordó Cuéllar, que durante unos ejercicios determinado la mercantil obtuvo unos beneficios de 60.000 euros, otro año de 80.000 y el que más de 140.000. “Algunos diputados de la Asamblea penalizan eso, que una empresa privada, que invierte cuatro millones de euros, consiga unos beneficios por mínimos que sean”, recriminó Cuéllar, quien dijo que si no quieren que una empresa privada busque rendimientos, “que municipalicen el servicio pero ya”. La pérdida de pasajeros en los últimos cuatro años, según estimaciones de la empresa, asciende a 260.000 viajeros por culpa de los colapsos en el entorno de la frontera.