Decidimos llevarlo a portada porque la problemática del empleo sumergido ha terminado por ser un tema sangrante en la ciudad. Son ya demasiados los comercios que, ahogados por esa explosiva combinación de crisis y competencia desleal, han tenido que echar el cierre. Mientras, de forma paralela, existe una actividad ilegal que se ejerce a la vista de todos. Ahí tenemos la llamada ‘cola del paro’ de Hadú, en donde se colocan marroquíes en busca de empleo que son ‘contratados’ por personas desleales que buscan, de esta forma, que alguien les haga una labor por menos dinero sin garantizarles siquiera la cobertura de un seguro. La Delegación del Gobierno puso en marcha el llamado grupo antifraude, con instrucciones concretas para que se actúe en todas las áreas en donde existan ilegalidades. Pero para que ese grupo dé resultados hace falta una implicación de todos los ámbitos, también el judicial y por supuesto el social. Todos a una deben trabajar en dos sentidos: terminar con la clandestinidad laboral para que ésta no hunda a los establecimientos locales y garantizar que la ley prevalezca sobre todo y sobre todos, sentenciando con dureza los casos que sean detectados por las fuerzas de seguridad. Esto último incide directamente en la salud de esos hombres y mujeres que vienen a hacer un trabajo sin estar protegidos y cuya explotación sirve para que, quienes reclaman sus servicios, ganen más gastando menos.
