Las irregularidades, abusos o delitos cometidos por la utilización de los derechos que como residentes disfrutamos son perfectamente conocidos por el conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, solo unos pocos decidimos denunciarlo y sufrimos los desmentidos, reproches, críticas y persecuciones solapadas por parte de los que se sentían incómodos con nuestras denuncias públicas.
La semana pasada la consejera de Presidencia y Gobernación, Yolanda Bel, informaba a los medios de comunicación que en 2014, casi 4.500 personas fueron dadas de baja en el Padrón. Son miles de personas las que disfrutaban de unos beneficios fiscales y otros derechos que no les correspondían y, por lo tanto, perjudicaban los intereses del Estado y de los residentes legales, porque si ejercemos una carga económica importante para el conjunto del Estado estos beneficios pueden reducirse o perderse.
Defender los derechos de los que hemos elegido vivir en Ceuta es una obligación de todos, pero todo derecho tiene unas contrapartidas que se llaman obligaciones y, en esta última premisa, es la que no están conforme los que han sido dados de baja en el padrón y otros muchos que todavía se ocultan baja artimañas y argucias de poca monta, pero suficientes por la falta de mecanismos capaces de erradicar a la mínima expresión este tipo de conductas.
Detrás de estos residentes ficticios hay varios motivos y circunstancias. Muchos jubilados y prejubilados de rentas altas empadronados en viviendas de amigos y familiares solidarios. Los hay con viviendas públicas que las disfrutan algún mes en verano. Otros buscan en esta residencia ficticia el derecho a la nacionalidad; otros son marroquíes que regresan a su país percibiendo el subsidio por desempleo y se empadronan para evitar desplazamientos largos y costosos. Existen otras muchas circunstancias, pero todas conocidas.
Vivimos en un país en el que se aplaude al amigo que es capaz de engañar en la declaración de la renta, pero en contrapartida, ese mismo individuo, es capaz de criticar la subida de impuestos o la pérdida de derechos sociales porque no fuimos educados para concienciarnos que el que evade impuestos merma la capacidad de respuesta del Estado para pagar pensiones, tener una sanidad pública de calidad o unos servicios públicos de garantía ante cualquier adversidad o circunstancia social.
Es de justicia felicitar a los policías locales que han investigado estos empadronamientos ficticios, porque el número de irregularidades detectadas refleja un trabajo bien hecho y profesional. Pero estas investigaciones no serán suficientes sin que se pongan en marcha mecanismos y requisitos que eviten estos fraudes, porque como en medicina, más vale prevenir que curar, sobre todo, porque esta cura requiere un gasto de recursos humanos y de material que podrían dedicarse a otros menesteres.
Indudablemente existe una responsabilidad de los que tenían la obligación de controlar estas altas ficticias y de los que posibilitaban los empadronamientos, pero sin duda, sólo se acabará con estos mecenas de residentes, si desde la Administración se ejercen medidas sancionadoras contra las personas que dejan sus viviendas para conseguir el padrón y contra los que buscaban en el padrón ahorrarse impuestos.
Esa es la razón por la que nos preguntamos: ¿ Se ha informado a la Agencia Tributaria de los responsables de estas irregularidades para que comprueben las cantidades defraudadas?
Existen abusos y derechos que deben abordarse más pronto que tarde, aunque sea impopular, porque cuando los derechos se ejercen de forma desmesurada y para usos que no estaban previstos, se convierten en fraude.
Cerrar los ojos a lo evidente nos llevará irremediablemente a perder lo que nos corresponde a los residentes en Ceuta y Melilla, a esos ceutíes y melillenses a los que nos encanta vivir en nuestra tierra. Pero de esto ya hablaremos en unas semanas.
*Juan Amado vocal del consejo de la guardia civil
