Una familia residente en la zona centro de la ciudad lleva más de dos meses y medio eludiendo cumplir el compromiso que asumieron sus tres miembros en enero con el titular del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ceuta después de ser denunciados por calumnias e injurias por una técnica sanitaria del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que prestan los Hermanos Franciscanos de la
Cruz Blanca. T.M., la beneficiaria; su hijo, R.A.; y su nuera, R.R., acusaron a la trabajadora, M.G.C., ante su empresa y algunos conocidos de haberse llevado 5.000 euros de la vivienda a la que llevaba más de un lustro yendo, pero nunca iniciaron procedimiento alguno por la vía policial o judicial.
Al final fue M.G.C. la que sí lo hizo en defensa de su honor con una demanda que condujo a un acto de conciliación en el que los supuestos
robados, según consta en la resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico, asumieron que habían faltado a la verdad y le pidieron “perdón” por “las calumnias e injurias proferidas”.
Además, se comprometieron a “personarse” en las oficinas de la Cruz Blanca “al objeto de pedir perdón” a la ofendida y a su esposo, que renunciaron expresamente a cualquier tipo de indemnización, “ante la Dirección de dicho centro de trabajo”.
La trabajadora recuerda y todavía se emociona al hacerlo que el 15 de julio del año pasado inició sus vacaciones. Doce días después, el hijo de una de las usuarias a las que lleva cerca de una década atendiendo llamó a la empresa para acusarla de haberse llevado 5.000 euros “de una caja en la que supuestamente su madre guardaba 20.000”.
La injuriada y su esposo renunciaron a cobrar ningún tipo de indemnización
“Después dijeron que no quería que volviese ‘una ratera’ a su
casa, donde yo prestaba servicios de baño, hogar y compañía, pero en la que jamás, como en ninguna otra, he abierto un cajón o un armario”, explica M.G.C., que en su trayectoria laboral no suma “ni una queja” al margen de estas injurias “que nunca se pusieron en manos de la Policía o de la Justicia y a las que ni la Cruz Blanca ni Asuntos Sociales dieron credibilidad alguna, a pesar de lo cual yo decidí denunciarlas”.
La víctima y su esposo se negaron a reclamar ningún tipo de indemnización por los daños y perjuicios sufridos, pero sí consideran que los condenados por conciliación deben “cumplir su parte y ser coherentes con lo que admitieron ante el juez”.