La pérdida de perspectiva es, probablemente, la más funesta mutilación de cuantas puedan afectar a la acción política. No es posible diseñar las estrategias más adecuadas y tomar las decisiones correctas si carecemos de una visión de conjunto de la comunidad sobre la que pretendemos actuar. Cuando se difuminan las referencias y se pierde el anclaje identitario (en el genuino y loable significado del término), la política se recluye en un ámbito intrascendente en el que se gestionan asuntos menores sin orden, ni coherencia, ni horizonte. El debate se reduce una insulsa polémica sobre el menudeo de la vida pública de tan corto alcance que es francamente inútil. Esa es exactamente la situación en la que se encuentra Ceuta. Discutimos acaloradamente sobre nimiedades sin reparar en que nos hemos quedado huérfanos de rumbo. Una pavorosa “minoría de edad” desprovista del más elemental sentido de la responsabilidad. Es cierto que las circunstancias no acompañan. Y se han dado cita, de manera simultánea, diversos fenómenos de gran calado que han abrumado a una sociedad no muy experimentada en la reflexión, poco dotada para el debate y genéticamente refractaria a la cooperación. Pero la (triste) realidad es que andamos a la deriva sin que nadie, hoy, sea capaz de definir con alguna claridad la Ceuta del futuro.
Dejaremos al margen de este análisis algunas cuestiones esenciales que ya hemos tratado profusamente en otros momentos y que forman parte del humillante catálogo de “banderas rotas”: Nuestra naturaleza política (condenada a la precariedad perpetua), nuestro modelo económico (la fatalidad revestida de eterna incógnita), y la interculturalidad (sustituida por la frágil coexistencia).
En esta ocasión pondremos el foco en otro de los pilares básicos que sostienen cualquier comunidad: la vivienda. Es la necesidad básica por excelencia (equiparable al empleo). La gente necesita un techo bajo el que vivir. Esto es un axioma que nadie se atreve a cuestionar. O al menos, debería serlo. Porque los hechos (e incluso las palabras) no se corresponden con esta obviedad; lo que no deja de ser extraño… o perverso.
La escasez de vivienda debería ser una prioridad máxima para las dos administraciones públicas competentes en Ceuta (Gobierno de la Nación y Gobierno de la Ciudad). No es difícil argumentarlo. El lógico y exponencial crecimiento del número de viviendas “ilegales” y/o infraviviendas, es una prueba irrefutable. La población de Ceuta ha crecido en diez mil personas en los últimos diez años. En este periodo de tiempo se han construido (sólo) ochocientas viviendas. Sin necesidad de descender a la precisión de los datos, no es complicado deducir que se ha producido un nuevo desfase de cinco mil ciudadanos sin alojamiento propio que hay que añadir al existente ya en aquella fecha (fijado “oficialmente” en la documentación del PGOU en tres mil viviendas). ¿Qué se supone que deben hacer todas esas familias privadas de la premisa esencial de su proyecto de vida?
NO pueden esperar una oferta de vivienda pública. El Gobierno de la Ciudad no tiene ni la remota intención de construir ni una sola promoción, y el Gobierno de la Nación dice que empezará a construir noventa viviendas en dos mil veintiuno (una ridiculez que solo puede provocar vergüenza ajena).
El PP repite, insistentemente, en que una de sus prioridades es evitar (y demoler) las construcciones ilegales. Se les dice a la población que NO construyan al margen de las normas. Parece (sólo parece) razonable. Así que las familias que carecen de vivienda deberían acudir al “mercado privado”, ya sea de compra o alquiler. Pero aquí topamos con otro muro infranqueable: el alquiler (y la compra) en Ceuta están en cifras absolutamente prohibitivas para las economías modestas. Pongamos en concordancia este dato con el índice de pobreza (en Ceuta, el cuarenta por ciento de la población vive en estado de pobreza). La conclusión es que estas personas NO pueden comprar ni alquilar una vivienda.
Queda cerrado el círculo fatídico. Los (miles) de ciudadanos acosados por la escasez de vivienda se enfrentan al triple NO que provoca la inexistencia de una política comprometida con un derecho básico que la Constitución reconoce a todos los españoles: NO tienen posibilidad de acceso a una vivienda de protección pública (ni hay ni se les espera); NO pueden pagar los desorbitados precios de compra o alquiler privados; y NO deben construir “por su cuenta” saltándose las normas. La tormenta perfecta. ¿Es posible que en este contexto la construcción de viviendas públicas no sea un objetivo primordial y urgente? Ninguna de las posibles respuestas a esta pregunta nos puede tranquilizar. ¿Se pretende “echar” de la Ciudad por la vía del hostigamiento en forma de malas condiciones de vida a miles de ceutíes? ¿Estamos gobernados por unos psicópatas insensibles e irresponsables que no son conscientes de la gravedad de esta situación?
La única consecuencia de estas posiciones delirantes es que lo que está ocurriendo se verá notablemente intensificado: las personas a las que no se les ofrece ninguna alternativa seguirán construyendo infraviviendas por doquier de manera desordenada (con toda la lógica que el humano espíritu de supervivencia infunde). Y así avanzamos hacia un extravagante modelo de Ciudad en el que, dejando al margen el secuestro del cuarenta por ciento del suelo por parte del ministerio de defensa, cohabitan en un puñado de kilómetros cuadrados un centro moderno (más o menos fortificado), rodeado de una imparable marea de infraviviendas cuya relevancia cualitativa termina por consolidar de manera indefinida. Extravagancia preñada de suicida fragmentación social. Hemos perdido la perspectiva.