El informe realizado indica que la contratación de esta sociedad mercantil no fue objeto de publicidad El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe en el que recomienda que todas las actuaciones de la sociedad mercantil Acuicultura de Ceuta S.A., así como las operaciones relevantes que pudieran realizarse por Procesa en relación con la empresa, “fueran sometidas, al menos, al control financiero de la Intervención General de la Administración de la Ciudad, órgano encargado de este cometido”.
En el apartado de las conclusiones, indica que la empresa presenta en el periodo fiscalizado –de 2001 a 2004– un “recurrente déficit patrimonial, motivado por la generación de pérdidas crecientes, desequilibrio de la situada al cierre de los ejercicios 2002, 2003 y 2004 en el supuesto de disolución previsto en el artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley de Régimen Local y en el artículo 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas”.
El activo total de la empresa pasó de 1.800.000 euros al inicio del ejercicio 2001 a valorarse en 3.137.000 al cierre de 2004. En cuanto a los pasivos, responden, principalmente, al endeudamiento financiero con entidades de crédito y con su matriz, Procesa, que ascendía al cierre de 2004 a 1.097.000 y 1.119.000, respectivamente.
El Tribunal de Cuentas añade también que la empresa “no había definido” un sistema de control interno específico para su organización y funcionamiento, “habiendo externalizado las tareas de administración y contabilidad en su sociedad matriz, Procesa, y en dos firmas privadas”.
En cuanto al control externo, indica que la Ciudad “no había implantado en el periodo fiscalizado el control financiero previsto en la normativa local, que debe realizarse a las sociedades públicas dependientes”. Además, dice que tras la auditoría externa de los años 2001 y 2002 se advirtió de que la empresa presentaba la incertidumbre sobre si podría continuar su actividad ordinaria dada la negativa evolución de su negocio, y respecto a las cuentas de 2003 y 2004 no expresaron opinión.
El informe también recoge que la empresa no había implantado en el periodo analizado el preceptivo registro de inventario de sus bienes y derechos.
El endeudamiento financiero de la empresa se situaba al cierre de 2004 en 2.216.000 euros, de los que 1.097.000 correspondían a los recursos crediticios obtenidos para la financiación del plan de viabilidad puesto en marcha en 2001 y el resto a los recursos aportados por Procesa destinados, fundamentalmente, a la cobertura de las necesidades financieras para el funcionamiento ordinario de la empresa.
En el punto sobre los gastos de personal, indica que se han incrementado desde 251.000 euros en 2001 a 420.000 en 2004, como consecuencia de la incorporación en 2002 y 2003 de nuevos efectivos a la plantilla, en el marco del plan de viabilidad aprobado en 2001. La evolución negativa del negocio de la empresa motivó a finales de 2004 que la Junta General de Accionistas acordara reducir la plantilla a cinco trabajadores, cuyo cometido quedó ceñido, básicamente, a la custodia y conservación de los bienes de la empresa.
En cuanto al plan de viabilidad de 2001, indica que se realizó “con notables retrasos temporales, con desviaciones significativas al alza en las inversiones previstas y con un fracaso absoluto en la producción de alevines en la planta modernizada de la empresa”. El informe recuerda que en septiembre de 2004 se decidió parar la producción, iniciar un ERE para la totalidad de la plantilla, comenzar la venta de activos para hacer frente a los pasivos existentes, iniciar un procedimiento judicial para cobrar las cantidades que correspondieran por la ocupación del Ministerio de Interior de la parcela, y comunicar a Procesa y la Ciudad las decisiones para instrumentar la devolución de las ayudas. Además indica que en 2004 no tenía deudas vencidas pendientes de pago con la Seguridad Social y en el ámbito fiscal y que había una de 2.000 euros por una sanción, que fue satisfecha en 2004.
El informe finaliza diciendo que la contratación de la sociedad “no fue objeto de publicidad” y que en la actualidad hay dos cuestiones pendientes de solucionar: “el destino del emisario submarino y el litigio con el Ministerio por la ocupación de parte de la parcela de la empresa, y se manifiesta que la perspectiva futura de la empresa es su liquidación”.
Casi 1,5 millones de subvenciones La empresa ha recibido en el periodo fiscalizado subvenciones y ayudas por un montante total de 1.409.000 procedentes, en su mayor parte, de Procesa y la Unión Europea, con finalidades distintas. 532.000 euros se destinaron al desarrollo del proyecto de modernización y mejora de la empresa puesto en marcha en 2001, cofinanciado por la UE, el Estado y la Ciudad; 833.000 euros de Procesa para financiar gastos de funcionamiento ordinario; 9.000 euros para el desarrollo de un proyecto de formación y empleo cofinanciado por la UE y,finalmente, 7.000 euros para la financiación de un proyecto asociado al marco comunitario del periodo 1996-2000.