Caballas elevó al Pleno una propuesta en la que reclamaba que el trabajo que creen las distintas organizaciones y empresas gracias a la firma de cualquier convenio con la Ciudad –esto es, gracias en buena medida al dinero público– sea supervisado por una comisión en la que se sentarían representantes de la Administración local y de los sindicatos. La propuesta saldría adelante con el visto bueno de todos los grupos, pero no en los términos presentados inicialmente por el primer partido de la oposición. El consejero de Economía y Hacienda, Emilio Carreira, fue el primero en alertar de que involucrar a la Administración en la aprobación o rechazo de los contratos de trabajadores que a la postre tendrían nómina en una empresa privada podría generar un problema de peligrosas dimensiones. “Si la Ciudad participa de alguna forma en una selección alguien puede interpretar, incluso en el ámbito jurisdiccional, que estamos integrando en el ámbito público a determinadas personas”, advirtió.
La solución intermedia la aportó el propio jefe del Ejecutivo, Juan Vivas, que propuso que la Administración local fomente y recomiende a las empresas que los procesos de selección de su personal se realicen bajo los criterios de “publicidad, capacidad y mérito”, idénticos a los que se exigen a los funcionarios, pero sin que la Ciudad intervenga en ningún caso en la elección final de los candidatos, que será responsablidad única y exclusiva de las empresas o entidades firmantes de los convenios.
La propuesta convenció a todos los grupos de la Asamblea. Caballas había presentado la iniciativa alegando los problemas generados por la ausencia de criterios en las contrataciones, más aún en una ciudad azotada por el paro en la que cualquier puesto generado se convierte “en bien preciado”.