El SUP y Justicia piden refuerzos para que los expulsados no regresen

El sindicato policial y miembros judiciales de la ciudad, preocupados por el pase diario de condenados con orden de prohibición de entrada al país. “La situación se agrava”, dice el SUP De entre las treinta mil personas que de media cruzan a diario la frontera desde Marruecos hacia España se encuentran individuos que tienen prohibida la entrada al territorio nacional, toda vez que algunos de los órganos judiciales que operan en Ceuta (o en el resto del país) hubieran decretado previamente, mediante sentencia firmada por un juez, una orden de expulsión, pena dada en calidad de sustitución de una condena de prisión, una circunstancia que provoca una anomalía en el sistema de control.
¿Por qué ocurre así y condenados que debieran ser advertidos en la frontera pasan finalmente a Ceuta? "Es una cuestión de mera lógica", considera el secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía, el denominado SUP, Jesús González Miaja, "porque es materialmente imposible que con los efectivos actuales y con los medios con los que se cuentan se pueda realizar un control realmente fiable en este tipo de asuntos".
De tal manera, González Miaja denuncia que "hace falta más personal en la frontera y más soporte tecnológico que pudiera apoyar la acción humana porque de lo contrario seguirá ocurriendo lo mismo que hasta ahora o peor aún", considera, para añadir acto seguido que "la situación se agrava cada año, de modo que la frontera va sufriendo más colas y el número de condenados que, con orden de expulsión del país, y que por tanto tienen prohibida la entrada, aumenta sin que podamos hacer gran cosa".
"Claro que se cuelan condenados a diario", asevera el secretario sindical, "porque más allá de que se pueda pedir un pasaporte, no se puede hacer más porque las colas y el colapso con los medios actuales duraría días enteros".
Asimismo, González Miaja, quien no obstante reconoce "que no sé la proporción exacta del aumento", considera que "estamos ante un problema importante que no sólo atañe a Ceuta sino que es una situación que afecta a nivel nacional porque por el paso fronterizo de Ceuta pasan también los que son expulsados en los juzgados de Madrid, Valencia o Zaragoza".
Por este motivo, González Miaja indica que "lo ideal es que a nivel nacional se pueda alcanzar un acuerdo global que fuera eficaz para poder poner remedio y que el control que se hace en la frontera termine siendo efectivo también en este punto concreto de los condenados que entran sin tener potestad".
"Es un asunto que, una vez que sale de la sala de juicios, atañe meramente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", señalan por su parte las fuentes de Justicia consultadas por esta redacción, "ya que el juez ha de obrar, y así se hace en los distintos órganos de Ceuta, acorde con sus competencias y en base a lo que recoge el Código Penal Español", una labor que no incluye el control de aquel individuo que pudiera intentar (y lograr) regresar a España pese haber sido condenado bajo una orden de prohibición de entrada al territorio nacional por equis tiempo ya que esta responsabilidad es competencia de la seguridad de cada país.
De tal manera, el juez actúa como mero actor del ordenamiento jurídico y además tiene en cuenta a la hora de firmar una sustitución de pena de prisión por expulsión dos puntos claves para el propio bienestar del Estado: intentar evitar un gasto al país, pues el Código Penal cuenta también con la responsabilidad de cuidar el carácter retributivo del Estado; y obrar con la lógica de la distancia entre territorios, punto que lleva al juez a ser más proclive a dictar una orden de prohibición de entrada al país hacia un condenado de, pongamos por ejemplo, China, que de Marruecos porque se estima que es más complicado que el primero retorne, y por ende pueda violar la frontera, que el segundo.
Por último, es preciso señalar que tal y como recoge el mencionado artículo 89 "si el extranjero quebranta la decisión judicial de expulsión y prohibición de entrada, cumplirá las penas que fueron sustituidas", siempre que la autoridad gubernativa advirtiera la anomalía en la frontera, una operación nada sencilla tal y como prueban los resultados y la cruda realidad.

La 'frontera inteligente' y un control por huellas, posibles soluciones
Tal y como informara El Faro en ediciones pasadas, el Gobierno tiene prevista una partida económica para mejorar la seguridad en el paso del Tarajal para, entre otros objetivos, frenar la entrada de vehículos kamikazes y aplicar lo que se denomina 'frontera inteligente' que se sustentará en un mayor y mejor control del tráfico de personas y coches por el Tarajal, un paso adelante que podría ser la solución también para evitar el tránsito de personas que tienen prohibida la orden de entrada del país tras ser condenadas por la Justicia de España. Según las fuentes judiciales consultadas "un mecanismo que registrara las huellas dactilares y que advirtiera de manera informática la situación particular de cada individuo (que avisara en caso de haber habido condena) sería la solución".