El anuncio de estas ‘pólizas’ se hizo hace más de un año pero solo Ingesa las ha puesto en marcha. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) publicó este martes el modelo para suscribir el convenio con el que dar cobertura sanitaria pública a los inmigrantes que, al no tener su situación administrativa regularizada, quedaron excluidos de esta atención.
El documento, que figura en esa edición del Boletín Oficial del Estado (BOE), solo es aplicable en Ceuta y Melilla, los territorios dependientes del Ministerio de Sanidad que carecen de las competencias en esta materia que conformar una parte importante del estado de bienestar.
El Real Decreto ley 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones ponía fecha de caducidad a las tarjetas sanitarias de los extranjeros que no podían acreditar que estaban asegurados.
Pese a que el anuncio de estas ‘pólizas’ médicas cumplen más de un año, ninguna comunidad las ha puesto en marcha a excepción de las ciudades autónomas, como ya ocurriera con el copago farmacéutico hospitalario en el que ambos enclaves norteafricanos fueron los pioneros. Las protestas de las asociaciones pro derechos humanos fueron inmediatas pero la medida, interpretada como una amenaza, ha estado dormida hasta ahora.
La intención de esta medida es mitigar el efecto perjudicial que conlleva la entrada en vigor del decreto de exclusión y establece dos importes de cuota en función de la edad. Si el suscriptor tiene menos de 65 años, será de 60 euros mensuales, sin embargo, a patir de esa edad, el precio de la asistencia sanitaria se encarece hasta los 157 euros al mes. Hasta el momento, se desconoce si algún inmigrante irregular contrató este seguro en la ciudad.
Sobre cuál es el perfil de inmigrante irregular al que afecta esta medida, el BOE dibuja a un extranjero que acredita la residencia efectiva en España durante, como mínimo, un año; pero carece de acceso al sistema sanitario público por los reglamentos en materia de Seguridad Social o de los convenios bilaterales suscritos por España con otros países.
Esta ‘póliza’ tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año en curso y la Administración General del Estado la entenderá como prorrogada de manera tácita con carácter anual. Pero, sin duda, el dato más curiosos es la forma de desembolso de la cuota: mediante domiciliación bancaria a pesar de que las personas en esta situación administrativa tienen serios problemas para abrir una cuenta en una entidad. También tienen la opción de abonar la mensualidad en la cuenta que proporcionaría Ingesa.
Excepciones Quienes continuarán recibiendo la asistencia sanitaria con la extensión prevista en la cartera de servicios son los solicitantes de protección internacional; las víctimas de trata de seres humanos en periodo de restablecimiento y reflexión; los extranjeros menores de 18 años no registrados ni autorizados como residentes en España; y las mujeres embarazadas tampoco registradas ni autorizadas como residentes en el país.
De acuerdo con el Real Decreto ley 16/2012, esta bolsa de extranjeros en situación irregular seguirá recibiendo asistencia, sin necesidad de contratar este seguro con Ingesa, en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica; en el embarazo, parto y postparto; y la cobertura será integral para los menores de 18 años.
El CETI tiene un servicio sanitario y solo deriva las urgencias Una de las dudas que surgen a raíz de la publicación de este modelo de seguro médico público es, ¿tienen que pagar los residentes en el CETI? Desde el Jaral aclaran que disponen de un servicio médico que constituye un departamento propio. Su plantilla está compuesta por un médico, seis enfermeras y dos auxiliares además de habitaciones para pacientes que están en observación o requieren reposo. Este recurso atiende a diario a los habitantes del centro de inmigrantes de dolencias comunes pero, ante casos de urgencia, los inmigrantes son derivados a los profesionales de los centros sanitarios de Ingesa. Hasta el momento, nadie ha comunicado al centro la posibilidad de contratar estas pólizas médicas. Tampoco ha trascendido si esta cobertura médica está diseñada para las marroquíes que, pese a haber estado casadas con un español y tener hijos de esta nacionalidad, han quedado excluidas del sistema sanitario, como quedó patente en testimonios publicados por este periódico.