El sector público ha perdido 312 empleados en Ceuta el último año

La crisis económica que  atraviesa España de norte a sur desde el ya lejano 2009 ha zarandeado todos sus sectores productivos y ha sometido a examen los pilares sobre los que se sustentaba el crecimiento que un día fue envidia de media Europa.

La burbuja estalló y se llevó por delante demasiadas cosas, y otras las hizo temblar. Entre las últimas, el sector público, que ha visto en las últimas legislaturas adelgazar hasta mínimos sus antaño engordadas estructuras, y a los funcionarios, su auténtico pulmón, eliminados derechos, congelados sus salarios e incluso esfumadas pagas extraordinarias que ahora parece que podrían comenzar a recuperar.
Pero si en algo se ha notado la debilidad de la maquinaria burocrática en este interminable último lustro ha sido en el número de efectivos que trabajan a diario para la Administración en cualquiera de sus versiones. La ya famosa imposición de la tasa de reposición (sólo se podía cubrir uno de cada diez puestos amortizados por jubilaciones u otros motivos), ahora relajada por la supuesta luz al final del túnel, ha dejado un lastre difícil de compensar: los distintos departamentos han menguado, hay menos personal y las cifras así lo revelan.
En el caso de Ceuta, el último año deja una cifra preocupante: el número de empleados al servicio de la Administración (central o local) no sólo no ha crecido sino que se ha reducido de forma drástica. El último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas (el correspondiente a enero, porque el que mide la evolución de enero a junio de este año está pendiente aún de publicación) revela que la ciudad ha perdido en sólo doce meses 312 efectivos. Ha pasado de los 9.721 que registraba a principios de 2014 a tan sólo 9.409 un año después. Una reducción porcentual del 3 por ciento, muy por encima del 0,24 por ciento de retroceso experimentado a nivel nacional (de 2,55 a 2,54 millones de trabajadores públicos en toda España).
En el desglose, la Administración local sale mejor parada que la central. Si la Ciudad ha visto desaparecer a 54 de sus trabajadores (cuenta en la actualidad con una nómina de 1.439 empleados, frente a los 1.493 de enero de 2014), el grueso de los que dependen de Madrid –militares, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, profesores o personal sanitario– se ha llevado la peor parte. De esa reducción de 312 efectivos, 255 pertenecían a algún tipo de departamento controlado por la Administración del Estado. Ha caído, por ejemplo, el número de efectivos en la ciudad de las Fuerzas Armadas (de 3.391 a 3.292), pero sin embargo ha crecido el de personal sanitario (897 frente a los 886 de 2014), de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (contabilizaban en enero 1.074 agentes por 1.066 doce meses antes) o de Justicia, que había ganado 15, pasando de 186 a 201. El sector educativo aparece, por tanto, como una de las parcelas más golpeadas por la reducción de plantillas. También en la Universidad, que ha perdido los tres puestos que quedaban hasta redondear los 312.

Cambio de tendencia
El dato es aún más llamativo si se compara con los últimos ejercicios. De hecho, Ceuta había destacado en el periodo 2009-2014 por haber visto a su sector público resistir mejor la crisis que el resto de España. En ese quinquenio,  el número de efectivos al servicio de la Administración tan solo se había resentido un escuálido 0,67 por ciento. Si en 2009 –el que según los expertos fue el primero de los años negros de la crisis– la plantilla en el sector la conformaban 9.787 empleados, el balance en el arranque de 2014 dejaba esa cifra en 9.721, prácticamente igual cuando el promedio nacional mostraba ya una estrepitosa caída por encima del 5 por ciento. La reducción en la ciudad estaba entonces, por ejemplo, muy lejos del 5,9 por ciento que había sufrido Madrid, del 5,2 por ciento de caída en Castilla y León o del récord que marcaba Extremadura, que vio cómo desaparecía de su nómina de empleados públicos más del 6 por ciento del total. Por contra, el País Vasco o Cataluña, pese a las restricciones impuestas por los últimos Gobiernos, han logrado que su nómina de empleados públicos aumente.
 desde 2009.

Gana la Administración central
Desglosados, los 9.787 empleados públicos que contabiliza la estadística oficial revelan el peso que mantiene la Administración central en Ceuta, con 8.109 trabajadores al incluir el grueso de la plantilla de las Fuerzas Armadas, Educación o Sanidad. La Ciudad Autónoma sostenía en el último recuento a otros 1.493 funcionarios, mientras que los 199 restantes forman parte de la nómina de las Universidades, con un fuerte incremento respecto a los 62 contabilizados hace cinco años.
De los más de 8.000 empleados que dependen de la Administración central, el Ministerio de Defensa absorbe a más de 3.400, mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dan cabida a casi 1.100. El otro grupo principal, casi 2.500 trabajadores, lo forma personal adscrito a distintos ministerios, con un gran porcentaje de personal sanitario.
Las cifras también arrojan curiosidades. Por ejemplo, que Ceuta sea la única Administración autonómica –la Ciudad en este caso–, junto a Melilla, en la que las mujeres son minoría. En el resto, ganan las empleadas públicas sobre el sexo masculino. Aquí la tendencia se invierte y la Administración local cuenta con 975 hombres y 518 mujeres.  En eso, como en otros tantos capítulos, también somos diferentes.

La única región con más hombres que mujeres...

Con todas las peculiaridades que arrastra, Ceuta no podía ser menos en el capítulo de la nómina administrativa. Si en todas las comunidades autónomas, sin excepción, las mujeres son mayoría en el sector público, en nuestra ciudad la tendencia se invierte y el sexo masculino es el predominante. Melilla imita esa tendencia, que tiene su explicación en el enorme peso del número de hombres en el sector de Defensa. En total, de los 9.409 efectivos que conformaban en enero el sector público ceutí, 6.668 pertenecían al primer grupo y 2.741 al segundo. En toda España también ganan ellas: 1,37 millones de trabajadoras por 1,17 millones de funcionarios.