La Asociación de Textil Reciclado se niega a pagar 0,15 céntimos por cada kilo de producto que importa. La intención de crear una tasa por la prestación del servicio de racionalización, ordenación, control del transporte de determinadas mercancías y gestión de ciertos plásticos cayó ayer como un jarro de agua fría sobre la Asociación de Empresarios de Textil y Calzado Reciclado de Ceuta, que no está dispuesta a pagar “nada más”. Su presidenta, Samra Cherkaoui teme que si la propuesta que la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública prospera, “tendremos que cerrar de forma definitiva y, sobre todo, los negocios de ropa usada”. Uno de ellos, lamentó, ya ha tenido que hacerlo.
Este “nuevo impuesto”, del cual informó ayer este periódico, se traduce en la obligación de pagar 0,15 céntimos por cada kilogramo de “prendas, complementos de vestir y sus partes, mantas, ropa de cama, mesa, tocador o cocina, artículos de tapicerías, calzado, sombreros y demás tocados”. La portavoz del sector contabilizó unas 25 naves dedicadas a esta actividad, de las cuales, su entidad aglutina a 15. La medida, denunció de forma pública la cara visible del sector, “dejaría en la calle a unas 200 personas”.
Una tarifa que de aprobarse y entrar en vigor, aseguró la presidenta de la Asociación de Textil Reciclado, “supondría más de lo que ganamos por kilo de ropa usada”. Un vehículo de los utilizados para este transporte, argumentó esta empresaria, tiene una capacidad media de “20.000 kilos” que, de aplicarse este canon, “supondría 3.000 euros por camión pero, nosotros, ni tan siquiera ganamos 3.000 euros por camión”. Cherkaoui alertó de que este gravamen “afectaría a la economía en general de los polígonos pero, aún más, a mis representados y yo misma”, aunque desconoce los beneficios y costes tanto de la ropa nueva como de otros artículos que puedan verse afectados.
Esta comerciante rechazó la tendencia a “meter a todos los empresarios en el mismo saco”, es decir, solicitó a la Ciudad Autónoma que persiga a quienes incurran en fraude fiscal, “a los piratas”, a los que eluden el IPSI. Cherkaoui distanció al sector de la ropa usada de quienes defraudan porque sus compañeros “afronta todas sus responsabilidades tributarias” y señaló que la Ciudad “gana más que suficiente –basura, mantenimiento de los polígonos...– para cubrir todos los gastos que presta”.
Una de las críticas manifestadas por esta portavoz fue que la Ciudad Autónoma, en ningún caso, “nos ha consultado cuáles son nuestros costes antes de cargar a nuestra mercancía esa cantidad” o sus propuestas para dar fluidez a la circulación. Así que le tendió la mano al Ejecutivo para mantener un encuentro en el cual proporcionaría a Hacienda y Servicios Tributarios toda la documentación. No obstante, lamentó que la Ciudad tenga “prejuicios y una idea preconcebida” sobre su actividad ya que, reiteró, “nuestros clientes transportan la mercancía en coche, los porteadores casi nunca llevan ropa usada”.
Asimismo su entidad, respaldada por la Confederación de Empresarios (CECE), pidió a las fuerzas de la Oposición que reconsideren la cifra de personas que se quedarán sin trabajo de prosperar esta tasa en el Pleno de la próxima semana. “Necesitamos a alguien que vele por nuestros intereses”, sentenció la empresaria, quien adelantó que acudirá a cualquier instancia y presentará las alegaciones que sean necesarias.
Los Propietarios del Tarajal rechazan esta medida La Comunidad de Propietarios de los Polígonos del Tarajal, a través de su portavoz, Mohamed Ahmed, rechazó la medida planteada por la Ciudad Autónoma relativa a esta tasa. Por este motivo, tiene previsto mantener una reunión con la Asociación de Empresarios de Textil y Calzado Reciclado de Ceuta para emprender las medidas que sean necesarias.
Ahmed consideró “injusto” que el sector de la ropa usada “pague por los problemas en la frontera del Tarajal” y apostó por perseguir a las consignas y los bultos fraudulentos, “que no arrojan beneficios para los comerciantes ni para Ceuta”.
Quien también ostenta la Presidencia de La Chimenea solicitó a la Consejería de Hacienda que recapacite sobre la pertinencia de gravar estas mercancías con 0,15 céntimos por kilo.