En Ceuta existe la convicción generalizada (prácticamente unánime) de que el acceso al empleo público generado en el Ayuntamiento está reservado para aquellas personas que disfrutan de un trato de favor del poder político y sus aledaños. No es una leyenda urbana, ni una paranoia colectiva; sino el resultado de una inocultable experiencia escabrosa hasta la náusea. La historia de nuestra política municipal está repleta de memorables episodios de tráfico de influencias en materia de acceso a la función pública. La amplia diversidad de casos y modalidades empleadas para tan nefanda finalidad, podrían constituir una auténtica enciclopedia universal del enchufismo. Quien gobernaba tenía la oportunidad (única) de “arreglar” la vida para siempre a personas muy allegadas. Atractivo difícil de superar para la vanidad innata del ser humano. Además de un (ilusorio) instrumento útil para fortalecer partidos políticos y consolidar (o ampliar) bases electorales. La escalada era imparable. La grosera impunidad política, social y jurídica de la que gozaban estas prácticas, actuaba como un potente factor multiplicador. El Gobierno del PP de Vivas, durante la primera década y a rebufo de la estela dejada por el GIL (del que fue heredero), llevo este fenómeno hasta sus más altas cotas. Imbatibles. En aquel tiempo, la contratación de personal en el sector público local se convirtió en una auténtica orgía de corrupción. Todos los mecanismos de control estaban difuminados, devaluaos o eran directamente colaboradores interesados. Quien más quien menos, de un modo u otro, todo el mundo participaba de aquel vendaval. Entre otros motivos porque disfrutaba de un incuestionable aval social. La ciudadanía era perfectamente consciente de lo que estaba ocurriendo, y a pesar de ello, el PP seguía cosechando apabullantes mayorías absolutas. Las críticas al enchufismo provenían más de la envidia que de la ética. Y la única reacción de los ciudadanos era “buscar” su oportunidad y esperar ansioso “su turno”. No se cuestionaba el sistema como tal, sino el hecho de que “aún” no le hubiera beneficiado. La presión ante el incesante aumento de la demanda de enchufes, imposible de satisfacer, obligó al Gobierno a buscar fórmulas para “revestir” el fraude. Y así aparecieron diversos procedimientos de acceso restringido con apariencia de legalidad. Uno de los más utilizados, por su efectividad, era la contratación temporal a través del Servicio Público de Empleo. Sencillo y eficaz. Se establecía el carácter temporal de un puesto de trabajo (con un simple informe preñado de lugares comunes), sabiendo de antemano que la temporalidad en estos casos se mide en décadas. A continuación se preparaba la “oferta genérica” al Servicio de Empleo de aspirantes a una ocupación previamente determinada que sólo conocía el futuro agraciado. Evidentemente, cuanto más concreta y extravagante resultaba la “ocupación” mayor era la probabilidad de éxito de la operación (si se pedía un “vigilante” en el SEPE había inscritas tres mil personas; pero si se pedía un “vigilante con experiencia en estaciones espaciales” el camino quedaba expedito… solo figuraba el deseado; y si por mano del diablo aún quedaba algún “intruso”, existía un segundo filtro, la “entrevista personal” realizada precisamente por los instigadores del fraude). Así llegamos al caso famoso caso del “engrasador”. La Ciudad pidió al SEPE un demandante de empleo dado de alta en tan peculiar “ocupación”. No hace falta explicar el bochorno público que tal actuación provocó. Desde entonces ha quedado como un paradigma de la corrupción en el ámbito laboral. La situación se había tornado insostenible. La crisis transmutó el jolgorio universal e irresponsable, en preocupación, miedo y depresión. El despliegue del poder judicial en todo el país persiguiendo con más empeño la corrupción; los escandalosos índices de paro y pobreza de Ceuta; un cierto ímpetu de regeneración en la vida política auspiciado por el movimiento 15-M; y el hostigamiento de la oposición; llevaron al Gobierno (y al propio Vivas) al convencimiento de que “hasta aquí hemos llegado”. Desde ese momento, las cosas en la Ciudad cambiaron radicalmente. El freno impuesto por las sucesivas leyes de presupuestos disminuyó brutalmente en volumen de contrataciones; pero fue sobre todo un proceso de “toma de conciencia” de todos los agentes intervinientes (partidos político sindicatos, funcionarios y medios de comunicación), el que propició el nuevo escenario. Una Ciudad que expulsa a su juventud por falta de oportunidades, y en la que el único empleo de calidad es el generado por la administración pública, no se podía permitir el lujo de mantener el enchufismo a gran escala como norma. Desde entonces, me consta el afán (casi unánime) de devolver el acceso al empleo público a la ciudadanía y a los principios constitucionales. Durante estos últimos años, y gracias al esfuerzo de todos los implicados, los procesos de selección han sido “limpios” (es posible que haya alguna excepción). Todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para borrar del imaginario colectivo la convicción de que el enchufismo impera; pero se avanzaba razonablemente bien en esta dirección. Hasta ahora. La frenética carrera contrarreloj, decretada por Vivas para “recuperar” el electorado perdido pasará una enorme factura a esta Ciudad. Acaso inasumible. La pulcritud en los procesos de selección de personal ha sido la última víctima. De nuevo en el fango. Ahora contratan a través del Servicio de Empleo “Aparcacoches” (ocupación vinculada a los locales de ocio y espectáculos públicos) para vigilar la explanada de embolsamiento de la frontera. El “engrasador” está de vuelta.