El respeto por el dinero público

La calidad de una democracia se calibra en función del grado de implicación en la vida pública de los ciudadanos que conforman su cuerpo social. En la medida en que la ciudadanía se despreocupa y se desinteresa, la democracia se degrada y se convierte en una especie de concurso publicitario de escaso valor. Esta es la razón por la que muchos gobernantes, que se desenvuelven magníficamente en el ámbito de la imagen, propician el distanciamiento de los ciudadanos de los entresijos de las instituciones. La ignorancia de la mayoría abona el negocio de la minoría corrupta.
Es muy difícil trasladar a la opinión lo que sucede en el interior de nuestro Ayuntamiento. Además de la penosa tarea de horadar la férrea protección mediática del Gobierno, es preciso salvar la barrera de la culpable indiferencia que secuestra el espíritu crítico de la mayoría de la sociedad. Pero el hecho de que sólo llegue al imaginario colectivo un leve eco de cuanto allí acontece, y que ésto sea incapaz de provocar la más mínima reacción, ni resta importancia a los comportamientos indebidos, ni exime de responsabilidad a quienes los ejecutan.
La conciencia de impunidad que otorga una mayoría política hegemónica y prolongada como la que disfruta el PP de Juan Vivas, ha ido viciando el funcionamiento de la administración desmantelando, en la práctica,  todos los mecanismos de control. Los valores éticos que deben inspirar el gobierno de las instituciones se han ido relajando paulatinamente hasta su absoluta desaparición. Uno de los principios esenciales que se han malogrado en este decadente contexto, es el respeto por el dinero público. Todo gobernante tiene la insoslayable obligación moral de ser extremadamente riguroso en la correcta aplicación  de cada céntimo que administra. No se puede olvidar que el dinero público procede del esfuerzo (a veces enorme) de cada ciudadano para contribuir a una causa común que debe ser justa por naturaleza y definición. En nuestro Ayuntamiento sucede exactamente lo contrario. Los políticos, secundados por un excesivo número de funcionarios, probablemente contagiados de la desidia generalizada, gestionan los fondos públicos desde la más absoluta irresponsabilidad. Es el aforismo de la “pólvora ajena” en su máxima expresión. Los proveedores, conscientes de la laxitud con la que se actúa, facturan a precios muy superiores a los que cobran en sus actividades privadas. Todos firman las facturas convalidando el latrocinio sin inmutarse. Nadie quiere problemas. Es más cómodo (y a veces lucrativo) pagar que defender los intereses generales. Por el desagüe de esta indignante abulia institucional, se filtra un escandaloso volumen de recursos que deberían servir para atender necesidades sociales y que terminan enriqueciendo injustamente a privilegiados particulares.
Un caso descubierto recientemente, con motivo del afloramiento de las cuantiosas deudas, ilustra perfectamente este lamentable fenómeno. El Ayuntamiento, mediante Convenio con el Ministerio del ramo, puso en marcha una promoción de viviendas de protección oficial en el Monte Hacho. 127 viviendas por un valor de 10 millones de euros (78.000 euros cada una). Posteriormente se procedió a revisar el contrato por diversas circunstancias técnicas, elevándolo a 13 millones. No conformes con este sobre coste, se decidió reducir el número de viviendas desde las 127 previstas a las 86 realmente construidas. De esta manera, cada vivienda pasó de costar 78.000 euros a costar 151.000. La voracidad empresarial no quedó satisfecha.
Cuando finalizó la obra, todavía exigió dos millones más en concepto de “revisión de precios”. Ningún informe técnico avaló tal solicitud. Poco importó. La firma (alegre) de un político en un documento privado reconociendo tal deuda, le imprimió sello de validez ante un juez. El Ayuntamiento ha pagado. El resultado final es que el precio definitivo de las 86 viviendas se ha elevado hasta los 15 millones. Cada piso, sin contar suelo ni urbanización, ha costado 175.000 euros (el doble de lo presupuestado).
Hay más. En el expediente consta un cálculo de las penalizaciones por el retraso en la ejecución de las obras que debería pagar la empresa, y que podrían ascender a 2,5 millones de euros. Nadie se ha molestado en exigir el cumplimiento del contrato y recuperar esta cantidad. Rehuir conflictos es una seña de identidad del Gobierno de Juan Vivas. Los ciudadanos pagan y callan. Bueno, también aplauden. Tranquilidad, sonrisas y abrazos.