El PSOE planteará al Gobierno en el próximo pleno de la Asamblea una propuesta para que la administración local garantice los suministros básicos de luz, agua y gas a las familias que no puedan pagarlos.
Así lo explicó ayer el secretario de Economía de los socialistas ceutíes, José María Mas, para quien las acciones del Ejecutivo local en este ámbito “están más cerca de la beneficencia “ que de la intervención social. “Es inaceptable que el Gobierno local no afronte estas situaciones desde una perspectiva global”, considera Mas.
La propuesta que su grupo parlamentario llevará a la Asamblea plantea que sean los respectivos servicios técnicos los que determinen los “mínimos imprescindibles” para vivir con dignidad “en una ciudad europea del siglo XXI”. El dirigente socialista se ha mostrado muy crítico con el próximo procedimiento que se pondrá en marcha, en este caso para pagar el precio de la bombona de butano, porque considera que de nuevo se hará peregrinar a los ciudadanos de oficina en oficina. “Lo que proponemos es un plan coordinado de la administración, en el que los técnicos digan cuáles son los suministros básicos para que una familia pueda desarrollar con normalidad su vida”, explica Más. Es decir, establecer un mínimo de potencia de luz, número de bombonas al mes o de consumo de metros cúbicos de agua.
“Durante los años que lleva gobernando el PP se ha ido produciendo un incremento paulatino en la factura de la luz, del agua, con el polémico cambio de contadores, que supone una subida de 46 euros al año, y ahora sube un 16% el butano”, añade el socialista, que considera que con esta política se está “machacando” a la clase media “y hundiendo a las menos favorecidas”. “El PP está gobernando de manera alejada a la realidad social y lo que no se puede consentir es que en Ceuta haya pobreza energética cuando se maneja un presupuesto de más de 200 millones de euros”, añade Mas, que en cualquier caso asegura que su propuesta no significa “barra libre para todos” y que tampoco fomenta “la picaresca”.≠ “Se trata de justicia social. Lo que pedimos es que se garantice ese derecho de poder vivir con suministros básicos a quien no tenga recursos económicos para pagarlos”, subraya, “y es la Administración la que debe procurarlo, no desde una cola ni mareando al ciudadano de una ventanilla a otra, sino que hay que normalizarlo. No se trata de pagar las facturas cada tres meses sino de procurar que a esas familias no les falte lo mínimo”.
