El PSOE acusó ayer al Gobierno central de pretender convertir a Ceuta “en un banco de pruebas para las políticas de mercantilización del Estado del Bienestar”.
Lo hizo por boca de la secretaria de Sanidad del PSOE y consejera de Igualdad, Salud y Política Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez, y de la secretaria de Bienestar Social del PSOE y portavoz en el Congreso de Bienestar Social, María Luisa Carcedo. Ambas se habían desplazado hasta la ciudad para protagonizar el encuentro Ganarse la igualdad y la diversidad, la última entrega de la Conferencia Política 2015 del partido.
En un discurso muy crítico contra lo que consideró un proceso de “desmantelación de la estructura de los derechos sociales”, Sánchez puso como ejemplo el copago de fármacos, “que sólo se está aplicando en Ceuta y Melilla” y que a su juicio hay que “corregir y eliminar ya” porque está provocando “que haya gente que no esté cumpliendo con los tratamientos porque no los puede pagar”. La responsable de la cartera de Sanidad en la Junta de Andalucía mostró una “gran preocupación” por los miles de ciudadanos que, subrayó, “se están quedando fuera del sistema”, entre los que enumeró a “los mayores de 26 años o a los chicos que cuando salen de España y vuelven a los tres meses ya no tienen asistencia sanitaria”.
Contra la política del Ejecutivo central recomendó “pararse, reflexionar y corregirla”, una tarea que reclamó que está a tiempo de abordar el nuevo ministro de Sanidad para evitar que “la crisis haga aún más insostenible soportar el día a día a millones de familias”.
Carcedo, secretaria de Bienestar Social del PSOE y como Sánchez integrante de la Ejecutiva Federal de los socialistas, hizo suyas las críticas pero las amplió al resto de capítulos en los que, denunció, Ceuta ostenta indicadores “aún más lamentables que la media nacional”. Entre ellos, citó la tasa de desempleo, el porcentaje de población en riesgo de pobreza extrema o el 61 por ciento de hogares que no pueden afrontar gastos imprevistos. Pero también el elevado nivel de fracaso escolar. Contra esos datos exigió la recuperación de “sistemas públicos que gestionen derechos de la ciudadanía para el acceso a los servicios sociales y, sobre todo, un alejamiento de políticas que tratan de “mercantilizar el Estado del Bienestar” algo en lo que, destacó, “el Gobierno de Rajoy ha convertido a Ceuta en su particular banco de pruebas” nacional.
