El pasado día 31 de marzo se conoció la cifra de déficit de las administraciones públicas de 2015 que resultó de un 5,16% del PIB, superior en casi un punto al objetivo de déficit acordado con la Unión Europea.
A raíz de ello, el secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha denunciado que "el gobierno en funciones, a través del Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha lanzado una campaña mediática y de acciones contra las Comunidades Autónomas para culpabilizarlas por los incumplimientos en los objetivos de déficit e intentar, una vez más, lavarse las manos", tal y como indica en una nota de prensa.
Para Hernández, de esta forma, "el gobierno central pretende justificar su propia incompetencia y descargarse de toda responsabilidad en la mala gestión de las cuentas públicas en nuestro país".
El PSOE local indica que el secretario de Estado de Administraciones Públicas en funciones ha enviado una serie de cartas a los gobiernos de Aragón y de la Junta de Extremadura en las que indican que debido a los retrasos de esos gobiernos en los plazos de pago a sus proveedores van a proceder a retenerles parte de los recursos de los regímenes de financiación autonómica para pagar directamente a los proveedores.
Para el secretario general ceutí, "se trata, sin duda, de una medida absolutamente arbitraria, oportunista y de dudosa legalidad para un gobierno en funciones que, de llevarse a cabo, sería un auténtico atentado contra las competencias y funciones de ambas comunidades autónomas".
Hernández asegura que "el Gobierno en funciones atribuye arbitraria e injustamente objetivos de déficit más severos a las Comunidades Autónomas, se ha negado a fijar criterios objetivos para el reparto de éste y a reformar el sistema de financiación autonómica que le tocaba abordar y está atacando de forma partidista a las comunidades autónomas presididas por socialistas".
Para los socialistas ceutíes, las decisiones adoptadas recientemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas respecto de la retención de los recursos del sistema de financiación autonómica a las comunidades de Aragón y Extremadura vienen a ahondar en esta situación. Según el secretario general ceutí, "restar ingresos a las comunidades que tienen dificultades para cumplir con los plazos de pago a proveedores no va a hacer más que agravar sus problemas, dejándolas sin dinero para atender sus pagos, cuando en realidad el problema es la insuficiencia global de recursos, no su aplicación a unos u otros pagos".
Además, Hernández considera que el Gobierno ha actuado "de forma sectaria, arremetiendo contra dos gobiernos autonómicos socialistas, elegidos hace tan sólo unos meses, que están teniendo que afrontar la penuria, el despilfarro y los compromisos asumidos por anteriores gobiernos del Partido Popular, a los que el Ministerio de Hacienda trató de manera mucho menos exigente".
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista exige al Gobierno en funciones "definir y aplicar reglas fiscales claras, objetivas y transparentes, que se apliquen sin sectarismo ni partidismo, y con independencia del color del Gobierno en cada Administración".
Los socialistas ceutíes también le piden "establecer, a partir de un informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un proceso objetivo y transparente para la distribución vertical del objetivo de déficit, que exija la oportuna justificación de los límites asignados a cada administración y tenga en cuenta el peso sobre el gasto total y la relevancia para la ciudadanía dé los gastos que lleva a cabo cada Administración".
El PSOE ceutí exige también al Gobierno en funciones "impulsar de forma urgente el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica, a fin de asegurar la suficiencia de los ingresos de todas las comunidades autónomas y garantizar que todas las personas tengan el mismo nivel de prestaciones públicas, residan donde residan", así como "mientras se lleva a cabo la reforma del sistema, asegurar que las administraciones autonómicas disponen de recursos suficientes para atender todos sus pagos, sin exigirles a cambio más recortes sociales ni recortar su autonomía política y financiera".
