Ante las declaraciones realizadas por el presidente de la compañía Balearia, Adolfo Utor, en la entrevista concedida al diario El Faro tras la reunión mantenida esta semana con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, el Gobierno de la Ciudad Autónoma quiere realizar varias consideraciones.
Por un lado, "cuando el Gobierno de la Ciudad ha afirmado que no existe competencia en la línea del Estrecho, o que no se ejerce de manera efectiva, se ha basado en tres razonamientos fáciles de entender. Primero que los precios de las tres operadoras son prácticamente iguales a pesar de que los niveles de ocupación son manifiestamente bajos. Es decir, no se compite en precios pese a que los barcos en un buen número de ocasiones vienen casi vacíos.
Segundo que según los cálculos realizados y datos disponibles, existe, en opinión de este Gobierno, margen suficiente para reducir de manera notable los precios sin que ello afecte al equilibrio económico de las empresas operadoras o que tengan que reducirse las tasas portuarias. Es decir, sin que tenga que pedirse un esfuerzo adicional a las arcas públicas que creemos que ya hacen un esfuerzo más que notable, tanto a través del contrato de la línea de interés público como principalmente a través de la bonificación a los residentes. En la actualidad, el Estado desembolsa 16 millones de euros para hacer frente a las bonificaciones en Ceuta y otros 2 millones de euros al contrato del servicio público de transporte marítimo.
Y tercero, que existe una demanda cautiva, que es la de los residentes en Ceuta, y que no tiene otra alternativa para viajar que la de utilizar el barco, demanda de la que es fácil abusar.
El Gobierno de la Ciudad está dispuesto, por si sus cálculos son erróneos, a contrastar los mismos con los de navieras para conocer de manera transparente cuáles son los ingresos y gastos que soportan la cobertura del servicio.
En ningún momento desde el Gobierno de la Ciudad se ha dicho que la Comisión Nacional de la Competencia sugiriera la implantación de una naviera participada total o parcialmente por la Administración Pública, pero sí que este organismo ha manifestado de manera reiterada la conveniencia de favorecer y fomentar la competencia en el servicio como mecanismo para lograr precios razonables.
El Gobierno de la Ciudad no se va a resignar y seguirá empeñado en buscar fórmulas para abaratar los precios de un servicio que es esencial para Ceuta y los ceutíes. Y en aras a este objetivo se viene trabajando desde hace tiempo en el análisis de distintas alternativas y opciones que, en breve, serán puestas de manifiesto a todos los grupos con representación en la Asamblea en la Comisión Informativa, que al efecto ha sido anunciada recientemente por el presidente de la Ciudad, opciones que se espera cuenten con el respaldo de todos los grupos. Entre estas alternativas figura la de propiciar una mayor regulación del servicio mediante el establecimiento de tarifas máximas de referencia, tal y como ocurre en el tráfico interinsular entre otros territorios españoles y con la Península."