El PP tumbó ayer la propuesta de Caballas de derogar el decreto que avala la subida de 2,14 euros por bombona de butano en paralelo a la supresión de las ayudas directas y generales con las que hasta ahora subvencionaba ese producto. Una medida que, tal y como valoró el concejal Juan Luis Aróstegui, es una auténtica “sinrazón” que supone “meter las manos en los bolsillos de las familias para engordar los de las grandes empresas”. Aróstegui denunció que la Ciudad no puede sostener dicha subida sin exigir que se aporten datos sobre beneficios e ingresos, ya que hacerlo resulta “intolerable” e “inconcebible”. “Es una barbaridad que políticamente no se puede sostener”, añadió, acusando al Gobierno de, con medidas de este tipo, asfixiar a los ciudadanos. “Lo que hacen es tremendamente injusto, con sus hechos demuestran que están a favor de la empresa a la que no han pedido la justificación de sus cuentas”.
La consejera de Fomento, Susana Román, defendió la medida del Gobierno y le recordó a Aróstegui que para aquellas familias que no pueden hacer frente a la subida del butano hay una partida de atención social que se ha incrementado de los 150.000 euros iniciales a los 600.000. “No es un capricho que se suba el precio de la bombona”, significó, negando cualquier pacto con la empresa para buscar una medida con la que paliar la deuda de 1.400.000 euros que tiene contraída.
Luz verde a la agilización de la apertura de comercios y negocios El Pleno de la Asamblea aprobó ayer por unanimidad la ordenanza que regula la concesión de licencias exprés para abrir comercios y negocios, lo que supone la entrada en la iniciativa del Gobierno de España Emprende en 3 y mejores condiciones de devolución del préstamo con que se financió el plan de pago a proveedores.
Esta iniciativa, que ya pasó por Pleno en abril de 2013, recibe ahora, a instancias de la Consejería de Fomento, el respaldo definitivo de la Asamblea después de que la propuesta haya sido mejorada para adaptarla a los sucesivos cambios que ha sufrido la ley que la ampara y, en el ámbito local, para dar cobertura a posibilidades que surgieron durante su tramitación.
En definitiva, se trata de simplificar los trámites hasta ahora necesarios para abrir un establecimiento comercial o negocio. El interesado habrá de hacer una ‘declaración responsable’ y pasará los controles a posteriori, de manera que estos no serán obstáculo para que pueda empezar a funcionar.