Con los únicos votos a favor del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada ayer definitivamente por las Cortes, que han avalado así un texto que incrementará la libertad, según el Ejecutivo, y sobre el que, sin embargo, planea la amenaza de su derogación si cambia el Gobierno. Dicha normativa incluye el espinoso tema de las devoluciones en caliente, precisamente el único de los puntos que entra ahora en vigor ya que el resto lo hará en julio.
Tachada de “mordaza” y “represiva” a pesar de que ha sido suavizada respecto al texto inicial, la ley, proyecto estrella del Ministerio del Interior, culminaba así su tramitación parlamentaria tras cinco meses de debate. Durante este tiempo, el contenido de la norma ha quedado diluido al centrarse la polémica en una enmienda que presentó el PP en el Congreso y que supondrá la modificación de la ley de Extranjería para legalizar las denominadas “devoluciones en caliente”, para unos, o “rechazos en frontera”, para otros.
En su debate final y en el último turno de palabra, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha mostrado convencido de que la nueva ley dotará a España de más libertad. “Cuando entre en vigor quedará garantizada la libertad”, afirmó el ministro, que ha aprovechado para incidir en que la norma no “toca el derecho de reunión ni de manifestación”.
El rechazo de la oposición fue muy contundente en el punto de las devoluciones en caliente, al considerar que se trata de una posibilidad que “no cabe en el derecho internacional. Se está en España o se está fuera”.
Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, arremetió contra la enmienda “estrella” referida a Ceuta y Melilla, que tildó de “auténtico esperpento”, a pesar de que el PP modificara en el Senado esta iniciativa.
En su opinión, lejos de arreglar la enmienda se ha introducido mayor “confusión”, pues al final “el conflicto queda en manos de la Guardia Civil que deberá cumplir las órdenes del ministerio y al mismo tiempo seguir el ordenamiento jurídico internacional”. También Feliu Joan Guillaumes, de CiU, y Emilio Olabarria, denunciaron que esta enmienda es ilegal. Guillaumes incidió en que cuando se entra en un país democrático “se tienen unos derechos”, mientras que el diputado vasco ha denunciado que lo que se legaliza constituye un delito en el Código Penal, la deportación ilegal.
González Pérez pide que se espere a las críticas
El delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, instó a adoptar posturas prudentes aparcando la crítica hasta que pase un tiempo tras la entrada en vigor de esta ley, al objeto de conocer así sus consecuencias reales. “Hay que dejar pasar un tiempo prudencial para ver los efectos. La ley ha bajado incluso penas a faltas... Habrá que esperar a ver cómo funciona la ley”. González recordó como algunos críticos equiparaban a los delegados con una especie de monstruos, cuando “nuestra función cambia poco a la hora de hablar de orden público y seguridad ciudadana”.
