La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentó ayer a las Cortes Generales el estudio ‘Viviendas protegidas vacías’, en el que se incluye también un análisis de la situación del parque en Ceuta. El estudio calcula que en la actualidad hay más de 10.000 viviendas de protección desocupadas y disponibles en manos de las administraciones, mientras que hay 332.529 personas inscritas como solicitantes de vivienda protegida. La Defensora solicita que las administraciones aumenten la coordinación y las labores de control e inspección para evitar el fraude y mejorar los procesos de adjudicación. ¿Y cuál es la situación en Ceuta? El número de viviendas protegidas asciende a 6.404, de las que 6.024 son VPO o VPP. De acuerdo con los datos que maneja la institución, el registro de demandantes de una vivienda supera en poco los 2.300 y la Ciudad ya se ha comprometido a crear un servicio de inspección, del que se carece tanto en Ceuta como en Melilla. En el apartado que específicamente se dedica a la ciudad autónoma en este informe, que desde ayer es público, se hace constar que sólo se sabe de la existencia de ocho viviendas que están ocupadas de manera ilegal, habiéndose iniciado por tanto procesos judiciales para desahuciarlos. En cuanto a las 380 viviendas municipales que existen censadas en la ciudad con contrato de arrendamiento o compraventa, 106 han sido canceladas por sus adjudicatarios y queda un resto de 274 viviendas gestionadas y controladas. Además, de las 6.024 VPO y VPP que hay en la ciudad censadas, 136 tienen contrato de arrendamiento, la modalidad de la opción a compra no es habitual en la ciudad. Del total de las 6.024 han sido canceladas por sus adjudicatarios 3.023 viviendas, formalizadas con escritura de cancelación de hipoteca, sea de la Ciudad Autónoma como de las entidades bancarias. Queda un resto de 3.001 viviendas gestionadas y controladas. En el informe oficial (que puede descargarse de forma íntegra desde la web del Defensor) se hace constar que dada la peculiaridad de la ciudad, tanto en dimensiones como en población y debido a la carencia de terreno edificable, pues el 40% del terreno es del Ministerio de Defensa, la Ciudad no tiene ni puede permitirse tener una sola vivienda desocupada y no censada de las mencionadas, tanto municipal como en régimen de VPO y VPP. Dichas viviendas vienen siendo controladas por el Área de Vivienda y la Empresa Municipal de la Vivienda, de la Consejería de Hacienda. La institución recalca que hubo de pedirse información adicional, al estar prevista la adjudicación en septiembre de 2012 por EMVICESA de las 170 VPO de Loma Colmenar-parcela B2, propiedad de SEPES, ya finalizadas y entregadas a la Ciudad en julio de 2012. Las viviendas serán adjudicadas por la Comisión Local de Vivienda, según los criterios de la ordenanza de vivienda; serán adjudicadas mediante contrato de arrendamiento a 25 años y los adjudicatarios inquilinos, como requisito inicial, deben ser demandantes de viviendas que EMVICESA tiene actualmente en su base de datos. La desocupación media desde la finalización de la promoción hasta su entrega viene a ser de 2 meses, periodo en que los servicios de seguridad disuaden la ocupación irregular. En marzo de 2012 SEPES empezó a construir las 317 VPO de Loma Colmenar, tal y como se hace constar en este informe, y está prevista su finalización en 2015. “Entonces la Ciudad Autónoma las adjudicará a sus futuros propietarios”, se indica. La Defensora destaca que no existe un servicio de inspección de viviendas pero que ya la Ciudad ha anunciado su puesta en marcha. “En las viviendas desocupadas pendientes de adjudicación, la Ciudad Autónoma adopta cuantas medidas son necesarias para su custodia, y utiliza las empresas dedicadas a la vigilancia”, advierte. A nivel nacional, la Defensora recomienda con este informe que se mejore la inspección y la coordinación entre administraciones para evitar que el número de viviendas vacías continúe creciendo. Así, y aunque una de las principales causas de que haya viviendas protegidas vacías es la imposibilidad de los compradores de encontrar financiación, es también frecuente que el adjudicatario tenga otra vivienda (libre o de protección pública) en la que reside de manera habitual, o que haya viviendas en malas condiciones de conservación o casos en los que la entidad gestora no sabe que el titular ha fallecido o se ha mudado. Otros motivos de la no ocupación de viviendas protegidas son la caída de los precios de la vivienda libre, que en algunos casos ya resultan inferiores a los de las protegidas, o que la entidad pública se demore excesivamente en la adjudicación. También, se recomienda que la renta de alquiler sea más accesible para quienes no puedan tener a una vivienda libre.
¿Dónde están las viviendas con okupas?
Según los datos a los que ha accedido la Defensora del Pueblo para elaborar este informe presentado ayer, actualmente en la ciudad hay 7 viviendas en la promoción de las 168 VPO de Sidi Embarek, 1 en las 38 VPO de República Argentina y 1 en la 86 VPO de Monte Hacho. Todas ellas están ocupadas ilegalmente y se está a la espera de los juzgados de Ceuta para el desahucio. Los datos facilitados a la institución por la Ciudad Autónoma presentan una problemática menos relevante, en cuanto a ocupación ilegal, de la que se da en otros puntos del país. Todos los casos de okupas han sido notificados al juzgado, pero llevan sus trámites hasta que se pueda proceder a su desalojo adjudicando la casa de forma legal.quino El Defensor advierte sobre la necesidad de contar con un servicio de inspección para las viviendas protegidas.