La consejera de Hacienda, Susana Román, cifró ayer en 33,15 días el plazo de pago a proveedores que tiene establecido a fecha de hoy la Ciudad, muy cerca de la “obligación legal” de 30 días. El hecho de que no se llegue a lo óptimo viene influenciado por empresas que arrastran retrasos mayores como el caso del ICD, afectada por un plan de saneamiento, y Emvicesa.
Los datos los ofreció Román en respuesta a la interpelación presentada por el socialista José María Mas, que reclamó el número de facturas existentes así como conocer el importe total pendiente de pago a proveedores.
En la actualidad hay 3,7 millones de euros en facturas que forman parte del circuito de pago a expensas de la fiscalización para ir a Tesorería. En cuanto al montante que espera solo el pago y que superan los 2.000 euros, se alcanza algo más de 238.000 euros. Las facturas que están dentro del sistema de pago son 1.116 y el objetivo que persigue el Gobierno es pagar siempre antes de cumplirse el mes.
El diputado del PSOE le insistió en la “preocupación” por las “facturas pendientes” y el origen del motivo del retraso en el pago, reclamando de Román una respuesta sobre si existe una forma de controlar que no haya facturas fuera del circuito contable.
Román aludió a que existen facturas voluminosas que se han aprobado el pago como ha sido el pago a Arasti Barca fruto de la mala gestión llevada a cabo por el ICD que provocó la acumulación de muchos retrasos en el pago a los contratados.
